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Gilli Inmobiliaria es la desarrolladora de dos emprendimientos urbanos en nuestra ciudad: Don Alejandro y Francisco Primero. Ambos loteos aún presentan irregularidades administrativas por lo cual los compradores de terrenos no pueden obtener las escrituraciones catastrales.
En el año 2017, el empresario Aldo Ribeca decidió disolver el fideicomiso que lo vinculaba al Grupo Lands y Gilli inmobiliaria para el desarrollo del loteo Don Alejandro, por el incumplimiento de los tiempos contractuales para la ejecución de las obras de infraestructura a cargo de la desarrolladora.
Esta situación generó un litigio legal entre las partes, que para los damnificados se traduce en la imposibilidad de obtener la escritura de los terrenos comprados.
Esta semana se conoció un ofrecimiento de la empresa Grupo Lands S.A para hacer efectiva la Reserva Fiscal del loteo Don Alejandro que consiste en una compensación económica de 50.000 dólares por las 4.6 hectáreas que debe donar al Municipio; más tres lotes dentro del desarrollo inmobiliario, valuados por la firma en 75.000 dólares.
Pero además en la propuesta solicita la escrituración anticipada de los terrenos con la sola realización de los servicios de agua potable y luz.
A las irregularidades del loteo Don Alejandro, se suman las del loteo Francisco Primero, otro de los desarrollos que, a más de cinco años de iniciarse, no concluyeron con las obras exigidas por ordenanza.
En el año 2018, se aprobó en la legislatura local el convenio que dio marco legal al cumplimiento de reserva fiscal del loteo Francisco Primero. Fue el primer desarrollo urbano en efectivizar este compromiso legal, transfiriendo un terreno de dos hectáreas y media sobre ruta provincial N° 21 en mediaciones al camino al cementerio.
En el convenio firmado con el Sr. Leonardo Riestra, fiduciario del loteo, la desarrolladora Gilli Inmobiliaria se comprometió a trasferir a favor de la Municipalidad el terreno de 52,14 metros de frente y 164,70 metros de fondo con los servicios de luz, agua y cloaca.
Pero después de tres años del ofrecimiento, manifestaron que para terminar de concretar la cesión, se los exima de la obligación de conectar los servicios exigidos a la red de infraestructura pública.
Desde la legislatura local rechazaron de plano esta posibilidad, ya que en reuniones previas a la aceptación de la reserva fiscal con la Inmobiliaria Gilli, la desarrolladora estuvo de acuerdo en aceptar que si la tierra cedida estaba fuera del loteo, debían transferirla con los servicios.
