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Allanaron financiera ligada a "Chiqui" Tapia por presunto lavado de dinero que involucra a Banfield

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La Justicia Federal ejecutó una serie de 19 allanamientos simultáneos, incluyendo la sede central de la financiera Sur Finanzas, una empresa estrechamente vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los operativos se enmarcan en una profunda investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y evasión fiscal que salpican a dirigentes del Club Atlético Banfield.

Los procedimientos judiciales, dispuestos por el juez federal Luis Armella (a cargo del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora), se apoyan en nueva información aportada por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI). La DGI detectó movimientos financieros sospechosos realizados a través de la plataforma de servicios de pago (PSP) de Sur Finanzas.

Agentes de la Policía Federal se presentaron este lunes en la oficina central de la financiera, ubicada en Adrogué, la cual ya había sido allanada previamente en el marco de la causa Andis.

La causa que se sigue contra Banfield apunta a una posible maniobra de lavado atribuida a Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del club. La investigación se centra en:

Un préstamo de 2.000.000 de euros que el club habría incorporado a su patrimonio, proveniente de la firma Auriga League S.A. y que nunca fue devuelto.

Una renegociación posterior que vinculó el pago de la deuda a la transferencia del futbolista Agustín Urzi al club Juárez de México, otorgando a Auriga un 30% del valor neto de la venta.

La denuncia de la DGI reveló que la plataforma Sur Finanzas PSP fue utilizada para realizar operaciones sospechosas por cerca de 250 sociedades, registrando movimientos financieros que involucran a varios clubes de la Primera División y del Ascenso.

Según la documentación, San Lorenzo lidera la lista con transferencias por $660 millones, seguido por Racing Club con más de $100 millones, y Argentinos Juniors. También figuran otras entidades como Temperley, Los Andes y Deportivo Morón.

La fiscal interviniente, Cecilia Incardona, solicitó que el expediente de la DGI se unifique con la causa ya existente en el juzgado de Armella para una investigación integral.

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