Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de injuria racial, debió abandonar el departamento donde se alojaba tras ser sorprendida por desconocidos. Mientras tanto, la Justicia brasileña le dio un plazo de cinco días para colocarse una tobillera electrónica.
La situación de Agostina Páez, la turista argentina de 32 años involucrada en un incidente por presuntos gestos racistas en Río de Janeiro, se ha tornado crítica. En las últimas horas, la joven abandonó abruptamente el departamento que ocupaba en la zona sur de la ciudad carioca tras denunciar un episodio de inseguridad que la dejó en estado de pánico.
Según relataron sus allegados, el incidente ocurrió este lunes alrededor de las 15 horas. Al regresar de una salida, Páez se encontró dentro de su vivienda con tres hombres que afirmaron ser policías, aunque la situación resultó confusa y generó sospechas en su entorno. Ante el riesgo, los encargados del edificio le sugirieron retirarse del lugar por su propia protección.
"La pobre está aterrada. 'Papi, me quieren matar aquí', me dijo recién", confesó Mariano Páez, padre de la joven, en diálogo con medios locales. La familia evalúa viajar a Brasil de manera inmediata ante el agravamiento del estado de ánimo de Agostina y las constantes amenazas que recibe a través de las redes sociales.
En el plano judicial, la situación es igualmente compleja. El juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, ordenó que la turista debe utilizar una tobillera electrónica para asegurar que no abandone el país mientras avanza la causa. Páez tiene un plazo de cinco días para presentarse ante las autoridades y colocarse el dispositivo.
El jefe de la Comisaría 11, Diego Salarini, confirmó que la investigación está en su etapa final y que las pruebas serán remitidas al Ministerio Público esta semana. Se espera que en los próximos días declaren nuevos testigos, entre ellos el gerente del boliche donde ocurrió el altercado inicial el pasado 14 de enero.
Sebastián Robles, abogado de la joven, calificó las medidas de la Justicia brasileña como "muy severas" y anunció que presentará un recurso de habeas corpus para intentar que su clienta pueda regresar a Argentina. La defensa sostiene que las imágenes de las cámaras de seguridad deben ser analizadas de forma integral para determinar el contexto real de los gestos denunciados.
Cabe recordar que en Brasil, el delito de injuria racial está equiparado al racismo, con penas que van de los dos a los cinco años de prisión y no admite la excarcelación bajo fianza, lo que mantiene a la abogada e influencer en una situación de "retención" forzada en territorio extranjero.
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