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Un informe revela la enorme brecha de precios en los útiles para estudiantes con discapacidad. Mientras un set básico estándar promedia los $30.000, uno con elementos ergonómicos o adaptados supera los $150.000, representando una barrera económica para el aprendizaje.
El inicio del ciclo lectivo 2026 pone sobre la mesa una desigualdad invisible pero determinante: el costo de la canasta escolar adaptada. Para las familias de niños y niñas con discapacidad o dificultades motrices y visuales, equipar la mochila no es solo una cuestión de inflación, sino de una brecha de precios que llega al 500%.
Elementos que para la mayoría son cotidianos, como una tijera, un cuaderno o un lápiz, se transforman en artículos de lujo o difíciles de conseguir cuando requieren adaptaciones específicas para garantizar la autonomía del alumno.
La problemática no es únicamente monetaria. Las familias denuncian dos factores críticos adicionales:
Escasez: Estos productos suelen encontrarse solo en librerías técnicas especializadas o mediante compras online, lo que suma costos de envío y tiempo.
Falta de cobertura: A diferencia de las terapias o medicamentos, los útiles escolares adaptados rara vez son cubiertos por las obras sociales o prepagas, a pesar de ser herramientas indispensables para la educación.
Especialistas en inclusión educativa advierten que esta "canasta escolar paralela" profundiza la exclusión. "La educación inclusiva no puede depender de la capacidad de pago de una familia. Si el Estado y el mercado no regulan estos precios, estamos diciendo que el derecho a aprender tiene un precio más alto para algunos que para otros", señalan desde organizaciones civiles.
Mientras la canasta escolar tradicional sigue el ritmo de la inflación general, la adaptada se rige por nichos de mercado que, ante la falta de competencia, fijan precios que asfixian el presupuesto familiar en el mes de febrero.
El Presidente agradeció a los legisladores que respaldaron el proyecto y aseguró que la normativa permitirá la creación de empleo genuino. El texto regresa al Senado para su sanción definitiva, la cual el oficialismo da por descontada.
Tras obtener dictamen de comisión, la Cámara Baja trata el proyecto que introduce cambios estructurales en la legislación del trabajo. El oficialismo busca la media sanción en medio de un clima de fuerte tensión sindical.
La medida de fuerza de 24 horas afecta el transporte, los vuelos y la actividad comercial en todo el país. Mientras tanto, la Cámara de Diputados sesiona para tratar el polémico proyecto de ley.
La central obrera confirmó un cese de actividades por 24 horas en todo el país. El impacto será total en el transporte y los servicios. Los motivos del rechazo y las posibles fechas según el debate en Diputados.
