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La pesadilla judicial de Agostina Páez en territorio brasileño parece haber llegado a su fin operativo. Este lunes, la Justicia de Río de Janeiro autorizó el regreso al país de la abogada argentina, quien permanecía bajo un régimen de libertad vigilada con tobillera electrónica tras un incidente ocurrido en un restaurante de la ciudad carioca a principios de año.
La decisión fue tomada por el magistrado a cargo tras la presentación de un recurso de habeas corpus por parte de la defensa. Para que la medida se hiciera efectiva, Páez debió acreditar el pago de una fianza fijada en 60 salarios mínimos brasileños (un monto que oscila entre los 18.000 y 20.000 dólares).
Una vez verificado el depósito, las autoridades judiciales procedieron a:
Retirar el dispositivo de monitoreo electrónico (tobillera) que la abogada portaba desde su salida de la unidad penitenciaria.
Devolver su pasaporte, lo que le permite abandonar legalmente el país.
Cesar las medidas cautelares de restricción de movimiento que le impedían salir de Río de Janeiro.
Al salir de la sede judicial, Páez se mostró visiblemente aliviada, aunque conmovida por lo vivido. En declaraciones a la prensa local y argentina, calificó el proceso como "la peor experiencia de mi vida". La abogada aseguró que, durante la audiencia, las víctimas aceptaron sus disculpas y no realizaron nuevas objeciones a su pedido de repatriación.
A pesar de su regreso, la causa de fondo por injuria racial continuará su curso en la justicia brasileña. Según el acuerdo alcanzado, Páez deberá mantener un domicilio fijo (en su provincia natal, Santiago del Estero) y cumplir con tareas comunitarias o cursos de derechos humanos que podrían realizarse de manera remota o mediante convenios internacionales.
El caso tomó notoriedad internacional cuando se viralizó un video en el que se veía a la abogada en una fuerte discusión con empleados de un restaurante en Río de Janeiro, donde presuntamente realizó gestos y comentarios racistas. Tras ser detenida y pasar varios días en una cárcel común, obtuvo la prisión domiciliaria con monitoreo, situación que se mantuvo hasta esta semana.
Se espera que la letrada arribe a la Argentina en las próximas horas, cerrando así un capítulo que reavivó el debate sobre la severidad de las leyes contra el racismo en el país vecino.
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