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El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, quedó en el centro de una polémica judicial este viernes tras conocerse que la Justicia Federal investiga un presunto viaje no declarado a un destino del Caribe. La causa, que busca determinar si existió una irregularidad en el cumplimiento de sus funciones o en el financiamiento del traslado, dio sus primeros pasos con un pedido formal de informes a la Dirección Nacional de Migraciones.
La investigación se activó a partir de una denuncia que indica que el funcionario se habría ausentado del país durante un período en el que figuraba cumpliendo tareas oficiales. Según las primeras versiones que maneja el juzgado, se intenta establecer si el viaje existió, quién lo costeó y si se utilizaron recursos públicos o beneficios derivados de su cargo para concretarlo.
Hasta el momento, desde la Vocería Presidencial no han emitido un comunicado oficial desmintiendo o ratificando la información, aunque fuentes cercanas al entorno del funcionario sugieren que se trataría de una "operación política" y que Adorni se encontraba en funciones durante las fechas mencionadas.
El fiscal a cargo de la causa solicitó una serie de medidas de prueba urgentes para arrojar luz sobre el episodio:
Registros de Migraciones: Se pidió el detalle de ingresos y egresos del país de Adorni durante el primer trimestre de 2026.
Agenda Oficial: Se compulsarán los registros de asistencia y las actividades públicas del vocero en la Casa Rosada para contrastar con los movimientos migratorios.
Manifiestos de vuelo: No se descarta el pedido de información a aerolíneas comerciales ante la sospecha de un viaje de carácter privado.
La noticia generó una rápida reacción en el arco político. Sectores de la oposición adelantaron que presentarán pedidos de informes en el Congreso para que el Ejecutivo brinde explicaciones detalladas sobre los desplazamientos de sus funcionarios de alto rango.
Por su parte, el juez federal interviniente mantiene el expediente bajo estricto análisis mientras espera los datos de Migraciones, que serán determinantes para decidir si la denuncia se desestima o si se avanza hacia una imputación formal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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