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Ante la reiteración de amenazas de bomba y mensajes intimidatorios en establecimientos educativos, el Gobierno de Santa Fe dio un paso firme en la faz administrativa y económica. Se puso en marcha un protocolo específico diseñado para identificar, cuantificar y cobrar los gastos derivados de cada operativo de seguridad a quienes resulten responsables.
El proceso se activa de manera inmediata tras la intervención de las fuerzas de seguridad ante una amenaza:
Cuantificación del gasto: El Ministerio de Justicia y Seguridad realiza un cálculo detallado que incluye el combustible de los patrulleros, las horas hombre del personal policial, bomberos y brigada de explosivos, además de la movilización de ambulancias si fuera necesario.
Identificación del responsable: Una vez que la investigación judicial identifica al autor de la llamada o el mensaje (frecuentemente menores de edad), el Estado inicia una acción de repetición.
Cobro administrativo: La demanda económica recae directamente sobre los padres o tutores legales de los menores. En caso de adultos, la acción es personal.
Según estimaciones oficiales, un operativo promedio por amenaza de bomba puede costar cientos de miles de pesos. "El objetivo no es recaudatorio, sino disuasorio. Queremos que la sociedad entienda que movilizar recursos del Estado de manera irresponsable tiene consecuencias económicas reales", señalaron fuentes oficiales.
Además de la sanción económica, el Ministerio de Educación continúa trabajando en sanciones disciplinarias internas, mientras que la Justicia Penal avanza bajo la figura de "Intimidación Pública", un delito que puede conllevar penas de prisión.
