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El Ministerio Público de la Acusación (MPA) formalizó la imputación de los primeros jóvenes investigados por realizar amenazas de tiroteos y ataques en establecimientos educativos de la provincia. Las audiencias, realizadas en las últimas horas, marcan un precedente en la ofensiva del Gobierno y la Justicia para frenar la ola de mensajes que alteraron el dictado de clases en diversas localidades.
Los imputados fueron identificados a través de peritajes informáticos tras la difusión de mensajes en plataformas como Instagram y WhatsApp. En los textos, se advertía sobre supuestos ataques armados, lo que motivó la activación inmediata de protocolos de seguridad y la evacuación de los edificios escolares involucrados.
La fiscalía les atribuyó el delito de Intimidación Pública, una figura del Código Penal que contempla penas de prisión. Sin embargo, el impacto no será solo penal:
Protocolo de Costos: Al haber sido identificados, el Estado Provincial está facultado para iniciar el cobro de los gastos operativos derivados de las movilizaciones policiales.
Responsabilidad Civil: En caso de ser menores, sus padres o tutores deberán responder con su patrimonio por los daños causados.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron que la tecnología actual permite rastrear el origen de estas amenazas, incluso si se utilizan perfiles falsos o servicios de mensajería cifrada. "No hay anonimato para estos delitos; cada broma o amenaza tiene un autor que ahora debe responder ante la ley", señalaron las autoridades.
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Tras el grave incidente ocurrido en un establecimiento educativo, el Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó que el menor no volverá a las aulas ordinarias. Se busca garantizar la seguridad de la comunidad educativa y el derecho a la formación del joven mediante modalidades alternativas.
