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La Cámara Federal de Córdoba estableció de forma "indubitable" el nexo causal entre la aplicación de la primera dosis y el fallecimiento de Melín Sartori en julio de 2021. El Ministerio de Salud de la Nación deberá indemnizar a la familia con 95 millones de pesos en un plazo de 30 días.
En lo que representa un precedente judicial sin antecedentes en el país, la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba dictó un fallo histórico al determinar que la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 fue la causa directa de la muerte de Melín Sartori, una joven cordobesa de 24 años. A raíz de esta resolución, el Estado Nacional deberá pagarle a la familia un resarcimiento económico aproximado de 95 millones de pesos.
De acuerdo con la información publicada por el medio cordobés La Voz En Vivo, el trágico hecho ocurrió en julio de 2021. Melín era una joven deportista y sin antecedentes médicos que acababa de iniciar un emprendimiento familiar. El 15 de julio de ese año recibió la primera dosis del componente y, apenas seis días después, comenzó con un cuadro de intensas cefaleas y vómitos. Tras sufrir un deterioro neurológico severo e irreversible, falleció 14 días después de la inoculación.
En diálogo con el citado medio de streaming, la madre de la víctima, la médica María Virginia Ruiz, y el abogado de la familia, Martín Barbará, explicaron el "engorroso" y "novedoso" camino judicial que debieron transitar debido a la falta de protocolos estandarizados en plena emergencia sanitaria para denunciar reacciones adversas.
Para los jueces resultó determinante el informe de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), organismo que —bajo consensos científicos internacionales— reconoció formalmente el nexo de causalidad entre la vacuna y el daño neurológico fatal. El patrocinante legal de la familia subrayó dos puntos críticos que la Justicia consideró decisivos para el desenlace:
Falta de farmacovigilancia: La vacuna de origen ruso no contaba en ese momento con un monitoreo continuo y eficiente para detectar y prevenir de forma temprana reacciones adversas graves.
Sistema médico no preparado: Las instituciones de salud carecían de las herramientas y directivas necesarias para diagnosticar y tratar a tiempo un cuadro de estas características.
La Dra. Virginia Ruiz reveló un detalle alarmante sobre las trabas del Estado tras la pérdida de su hija. Explicó que su urgencia inicial fue comunicarse con el Ministerio de Salud de la Provincia para alertar sobre el número de lote de la ampolla multidosis aplicada, con el fin de evitar que otras personas sufrieran complicaciones. Sin embargo, la respuesta oficial fue que el caso "estaba cerrado por falta de certezas".
Ruiz denunció que en aquel momento regía un "secreto ministerial" que bloqueaba el envío de reportes de efectos colaterales a los entes de investigación farmacológica. Ante este escenario, la familia recurrió a la vía judicial amparándose en la Ley Nacional N° 27.573, normativa que fija un régimen resarcitorio para aquellos ciudadanos que sufrieran daños por las vacunas Covid-19.
A pesar de que la indemnización llega casi cinco años después del fallecimiento, la madre de Melín destacó que el caso trascendió las fronteras de los tribunales. La experiencia médica de lo ocurrido con su hija fue expuesta en congresos científicos, lo que permitió que otros profesionales de la salud lograran identificar síntomas similares a tiempo en pacientes posteriores, logrando salvar sus vidas.
El fallo de la Cámara cordobesa no solo representa un acto de reparación institucional para la familia Sartori, sino que establece un fuerte precedente legal respecto a la responsabilidad y la obligación de control que tiene el Estado al administrar fármacos bajo contextos de emergencia sanitaria.
