El sistema de atención, contención y rehabilitación de personas con discapacidad en la región se encuentra en un punto de máxima vulnerabilidad. El Centro de Día "Alas" de la ciudad de Rosario encendió las alarmas de manera pública al advertir que su continuidad institucional está en riesgo inminente debido a una asfixiante situación económica provocada por la falta de financiamiento y severos retrasos en los pagos oficiales.
La histórica organización, que desde hace décadas asiste y acompaña a personas con discapacidad, denunció atrasos críticos en los desembolsos vinculados al programa Incluir Salud. Esta falta de recursos impacta de forma directa sobre la atención diaria de los usuarios, genera una profunda incertidumbre en sus familias y precariza la sustentabilidad de los puestos de trabajo del personal profesional.
Desde la Asociación de Entidades de y para Personas con Discapacidad de Santa Fe (APRIDIS), señalaron que el Centro de Día "Alas" no es un caso aislado. El espacio sufre las consecuencias generales de las políticas de ajuste implementadas a nivel nacional en las partidas de salud y seguridad social. En ese sentido, indicaron que desde hace casi seis meses los fondos transferidos por el programa Incluir Salud resultan absolutamente insuficientes para sostener las prestaciones básicas, los tratamientos específicos y el funcionamiento diario de los centros.
La crisis amenaza de forma latente con dejar desamparadas a miles de personas con discapacidad que dependen de manera exclusiva de estos servicios de rehabilitación, acompañamiento y contención. “No estamos hablando de frías estadísticas, sino de personas reales, de familias que se quedan sin contención y de trabajadores que podrían quedar sin respuestas”, expresaron con angustia desde la entidad rosarina.
Frente a este escenario de abandono presupuestario, referentes de "Alas" impulsaron junto a distintas organizaciones un proyecto de ley nacional orientado a promover cambios profundos en las políticas sanitarias y educativas vinculadas a la discapacidad, buscando garantizar condiciones dignas para las instituciones y los profesionales del sistema.
Sin embargo, ante la urgencia que impone la realidad cotidiana, el sector reclama una respuesta inmediata en el ámbito santafesino. Las organizaciones exigieron formalmente a los legisladores provinciales el tratamiento e implementación de un Fondo Provincial de Emergencia para organizaciones de servicios para personas con discapacidad. Aseguran que esta herramienta financiera es la única alternativa para brindar alivio inmediato y evitar que múltiples instituciones de la provincia terminen bajando sus persianas definitivamente en el corto plazo.
La Cámara Federal de Córdoba estableció de forma "indubitable" el nexo causal entre la aplicación de la primera dosis y el fallecimiento de Melín Sartori en julio de 2021. El Ministerio de Salud de la Nación deberá indemnizar a la familia con 95 millones de pesos en un plazo de 30 días.