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La Defensoría del Pueblo puso como ejemplo la situación de las personas adultas mayores, quienes "con una jubilación insuficiente y sin posibilidad de elegir otra alternativa prestacional, están siendo indirectamente obligados a salir del sistema".
La Defensoría del Pueblo de la Nación expresó este jueves su preocupación ante los últimos aumentos que han impuesto de manera coordinada las empresas de medicina prepaga y advirtió que «este panorama pone en riesgo el acceso a la atención médica», especialmente a los jubilados.
El organismo advirtió que «si cuando generalmente se requieren los servicios médicos en esa adultez se aumenta el valor de la cuota por la sola voluntad unilateral del prestador y ante un público cautivo o por ingresar el usuario en aquella franja etaria, cabe concluir que los anteriores pagos sin requerir servicio alguno o mínimos -efectuados además sobre el mayor período de su vida- serían pagos sin causa».
Lo hicieron a pesar de las múltiples quejas de sus afiliados por las demoras en las concesiones de los turnos para atender diferentes problemas de salud y de las públicas demandas de los profesionales de la medicina por los bajos honorarios que perciben por sus prestaciones.
Frente a esta situación, la dependencia nacional planteó la posibilidad de instrumentar «una posible solución con el solo fin de evitar perjuicios a la población que fuere afectada o pudiera serlo en lo sucesivo».
«Este panorama pone en riesgo el acceso a la atención médica, un derecho fundamental que debería garantizarse a todos los habitantes, especialmente a aquellos quienes han contratado este tipo de seguros», manifestó la Defensoría en un comunicado.
La Defensoría del Pueblo de la Nación, sugirió «mantener el régimen vigente -antes de los últimos aumentos aplicados por las empresas- con aprobación de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para los sectores ya inscriptos en el subsistema o el de los adultos mayores; y el de la plena libertad de contratación para los nuevos afiliados quienes tendrán más libertad para aceptar, rechazar o requerir modificaciones al contrato».
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La medida se formalizó a través de la resolución 57, publicada en el Boletín Oficial este martes. Con esta decisión, los transportistas y empresas podrán fijar libremente precios, horarios, recorridos y duración de los servicios.
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