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La Secretaría de Energía de la Nación publicó la resolución con aumentos para los hogares, comercios e industrias, divididos en tres niveles. Se dolariza la tarifa
El Gobierno nacional decidió avanzar con el postergado aumento en las tarifas de gas y la Secretaría de Energía firmó una resolución con subas de alrededor de 300% para los hogares, comercios e industrias desde abril.
El núcleo de la medida consiste en trasladar el precio del insumo en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) medido en dólares a los usuarios finales. Además, establece tres tramos de ajuste de tarifas hasta fin de año.
A pedido del Ministerio de Economía, la suba de gas comenzarán a regir en abril -y no en marzo como se planificó incialmente- para evitar una mayor escalada inflacionaria. De este modo, las primeras facturas con aumentos llegarán en mayo.
Según la Resolución 41/24 de la Secretaría de Energía que lleva la única firma de Eduardo Rodríguez Chirillo, la primera actualización se aplicará en abril; la segunda entre mayo y septiembre (invierno), y la tercera desde octubre al 31 de diciembre.
Antes de fijar los nuevos precios, el Artículo 1 de la norma rechazó por "improcedentes e infundadas" las impugnaciones formuladas a la validez de la Audiencia Pública.
En el texto aseguran que las objeciones planteadas en la audiencia no alcanzan "visos fácticos o jurídicos de verdad objetiva" que tornen susceptible de ilegitimidad a la presentación celebrada el 29 de febrero.
En marco, se ratifica que los aumentos se aplicarán sobre los usuarios no domésticos denominados "Servicio General" y sobre los usuarios residenciales, compuesto por tres niveles: 1 – Mayores Ingresos (sin subsidios); 2 – Menores Ingresos (con subsidios); 3 – Ingresos Medios (con subsidios parciales).
La Secretaría de Energía de la Nación oficializó la actualización de los impuestos que inciden en el valor final de los combustibles. En línea con esta medida, YPF aplicará un ajuste del 1 por ciento promedio a partir del primer día de junio, que se reflejará en los surtidores de Rosario y el resto del país.
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Un nuevo decreto establece que la educación en todos sus niveles y el transporte de pasajeros y cargas deberán operar con al menos el 75% de su capacidad durante las huelgas. Comercios, bancos, industrias y locales gastronómicos deberán garantizar un 50% de sus servicios.
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