Un severo llamado de atención en materia ecológica unificó las posturas del Concejo Municipal en la última sesión pública. Por unanimidad, el cuerpo legislativo respaldó una minuta de comunicación de los ediles José Luis Murina, Damián Salinas y Julián Polinesi que expone un panorama alarmante: la progresiva conversión de la playa de camiones local en un macrobasural clandestino a cielo abierto, comprometiendo de manera directa la cuenca del arroyo Seco.
El concejal José Luis Murina expuso de manera categórica las razones de la insistencia sobre este foco de contaminación: “Yo invitaría a los concejales a que vayan a ver la playa de camiones. Ya hay una hectárea o una hectárea y media que está sobre el arroyo, llena con basura de aproximadamente unos 3 o 4 metros de altura, al punto de que ya no se puede llegar ni con la pala a colocar más basura arriba”. Según denunció, la falta de operatividad en los camiones compactores municipales —con dos unidades rotas actualmente— empuja al Ejecutivo a utilizar el sector trasero de este predio privado para descartar residuos sólidos de forma irregular.
La problemática sumará en el cortísimo plazo una severa complicación judicial e inmobiliaria para la intendencia de Daniel Tonelli, dado que el contrato de locación de la playa expira durante el transcurso del presente mes. “Mi voto va a ser negativo con respecto a la autorización de una prórroga. Y tengo entendido que el dueño tampoco quiere hacer una renovación porque se está tirando basura. Ni siquiera la tapan porque se ve que no tienen tierra para hacerlo”, precisó Murina en el recinto.
En su alocución, el legislador recordó que en administraciones anteriores el actual intendente solía filmar videos denunciando estas prácticas, logrando intervenciones veloces de la provincia. Sin embargo, lamentó el letargo de las autoridades actuales de la Casa Gris: “Denunciamos hace dos meses y Medio Ambiente no contestó. No pueden venir de Santa Fe o de Rosario a constatar el desastre que están haciendo”.
Hacia el cierre, se recordó que desde el propio Concejo se le había arrimado al Municipio una alternativa viable: la adquisición de un terreno lindero tasado en 50.000 dólares para montar un vaciadero propio, impermeabilizado y regularizado, una cifra marginal para un presupuesto municipal que ronda los 27.000 millones de pesos. “Hacen caso omiso, ni fueron a hablar por ese terreno. Seguimos tirando basura hoy y mañana, hasta que aparezca sobre la Ruta 21”, sentenció el edil, aguardando que la intimación obligue a la Secretaría de Obras Públicas a frenar de inmediato el daño ambiental.