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Un total de 11 cabezas de ganado fueron encontradas esparcidas junto a sus vísceras en el campo de la familia Brancolini en la mañana de hoy. La situación no solo causó amargura sino indignación. Más allá de las pérdidas, no es la primera vez que sufren un hecho de estas características y todos, hasta la fecha, han quedado impunes.
Foto: Gentileza Nicolás Trabaina
Dolidos con las circunstancias, parte de la familia junto a otros productores se presentaron este mediodía en las puertas de la comisaría 27 para que la policía pueda ver de cerca el desastre perpetrado por delincuentes que, presuntamente, conocen cómo hacer “este tipo de trabajos”. Además del reclamo, pidieron expresamente que “actúen rápido” para tratar de esclarecer los hechos y dar con los delincuentes responsables del macabro acto y que de alguna manera se ponga fin a la red que se teje tras estos abigeatos. Los damnificados presuponen que la carne fue comercializada en algún frigorífico y carnicería pero seguramente será la justicia quien deba investigar.
Si bien no se pudo precisar el monto del daño, se calcula que el robo y la matanza derivó en una pérdida de unos 120 mil pesos.
En la sesión de este martes, los concejales aprobaron un bloque de proyectos para transparentar las habilitaciones edilicias a la planta sospechosa y emitieron un repudio a la Provincia por no enviar representantes al debate ambiental.
A partir de un proyecto de los ediles Attoresi, Delorenzi y Serra, el Poder Legislativo convocó a las autoridades de la Comisaría 27 y del Comando Radioeléctrico. Buscan analizar los últimos robos y relevar las necesidades materiales de las dependencias.
La concejal Milagros Serra se hizo eco del desesperado reclamo de los vecinos de la zona de Lisandro de la Torre al 1200. Removieron la tierra para hacer cordón cuneta, abandonaron la obra y la lluvia sepultó la cuadra en el barro. "Ni a nosotros nos escuchan", lamentó la edil.
El cuerpo legislativo aprobó por unanimidad un pedido de informes presentado por el concejal José Luis Murina. Reclaman saber el paradero de las unidades destinadas al transporte escolar de los barrios periféricos, tras un año y medio de promesas incumplidas.
Los concejales Matías Attoresi y Gustavo Delorenzi presentaron un proyecto de ordenanza para actualizar una normativa del año 2012. La iniciativa busca flexibilizar la antigüedad exigida a los vehículos y modernizar los requisitos de equipamiento para revertir la escasez de este servicio esencial.
