Les imputan ocultamiento de pruebas, obstrucción de la Justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público tras su participación en un oscuro operativo en el que fueron demoradas seis personas.
Walter Miranda, jefe de la Unidad Regional II, remarcó la actitud del cabo que desnudó la maniobra. (Foto: Néstor Juncos)Tres altos jefes policiales que cumplían servicios en la vecina ciudad de Pérez fueron detenidos e imputados por ocultamiento de prueb
Tres altos jefes policiales que cumplían servicios en la vecina ciudad de Pérez fueron detenidos e imputados por ocultamiento de pruebas, obstrucción de la Justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público tras su participación en un oscuro operativo en el que fueron demoradas seis personas, una de las cuales quedó detenida por portación de un arma de fuego. Se trata del jefe y el subjefe del Comando Radioeléctrico de la localidad, Claverol Jiménez y Roberto Sandoval; y el subjefe de la sub 18ª, Francisco Pérez, quienes al cierre de esta edición terminaban de declarar en el juzgado de Instrucción donde se investiga el episodio.
Los hechos se iniciaron cerca de las 19 del lunes cuando Adela F. llamó a la subcomisaría 18ª, con asiento en el barrio Cabín 9, para denunciar que un grupo de personas estaban en la puerta de su casa de Jacarandá al 700 provocándo desórdenes y que momentos antes había escuchado disparos de armas de fuego. Entonces llegó al lugar un móvil de la seccional a cargo del cabo 1º Pedro C. y el sargento Omar A., quienes al dialogar con la vecina supieron que los jóvenes a los que imputaba se habían enfrentado con los ocupantes de un Vokswagen Golf que había pasado por el lugar y huido raudamente. Como prueba del cruce de disparos, dos impactos habían marcado el frente de la casa de la mujer.
Ante eso los suboficiales pideron ayuda a sus pares del Comando Radioeléctrico de Pérez y pronto otro móvil estaba en el lugar. Frente a la vivienda de Adela F. fueron detenidos Emanuel M., de 22 años; Lenadro R., de 16; y Rocío V., de 12 años. En tanto, con los datos aportados por la denunciante la patrulla del Comando salió a la búsqueda del auto al que interceptaron en las inmediaciones y apresaron a sus ocupantes: Marcos P., de 31 años; Fabricio M., de 19; y Luis V., de 28 años, ninguno de los cuales tenía antecedentes tal cual se determinó luego en sede policial.
En la seccional Una vez en la comisaría, dijeron las fuentes, se hicieron presentes allí el jefe y subjefe de la dependencia y los titulares de Comando para "interiorizarse del tema". Entonces, el cabo 1º Pedro C. les contó que en realidad "el hecho se había producido en la puerta de un búnker de venta de drogas" y que de las actuaciones se había secuestrado un revólver calibre 32 y varios teléfonos celulares. Además, sostuvo que en uno de esos aparatos él observó en la agenda el número de un jefe policial sin aclarar a quien se refería.
Sin embargo, cuando se terminó de labrar el acta del procedimiento, las autoridades del Comando no hicieron constar el secuestro del teléfono celular mencionado, por lo que el cabo 1º Pablo C. se negó a firmarla. Eso originó una discusión que se prolongó hasta entrada la madrugada, momento en el cual el jefe de la sub 18ª decidió llamar a Jefatura. Entonces una comisión de la División Judiciales llegó hasta Pérez para zanjar las diferencias y hacerse cargo de la situación. Después, la mañana de ayer, las actuaciones fueron derivadas al juzgado de Instrucción 12, a cargo de Mónica Lamperti, donde hasta entrada la noche se le tomó declaración a todos los intervinientes.
El jefe apoya. Walter Miranda, jefe de la Unidad Regional II, destacó ayer a la tarde en una conferencia de prensa "la actitud del uniformado (el cabo Pablo C.), ya que si tiene los suficientes elementos sabrá por que se negó afirmar el acta". Y remarcó que "en la comisaría la discusión fue en duros términos".
"Todos los detenidos fueron trasladados a Tribunales y lo que habrá que dirimir es qué teléfonos había en la agenda de ese celular", dijo Miranda. "Cuando se le tomó declaración al cabo, éste dijo que suponía que el número de celular que vio en la agenda podía tener conexión con un búnker de venta de drogas que se encuntra a pocos metros de donde se produjo el operativo", aclaró Miranda. Y el dato no es menor en medio del escándalo que vive la provincia debido a la denuncia que pesa sobre el ex jefe de la policía santafesina, Hugo Tognoli, por su presunto encubrimiento a narcotraficantes.
El titular de la URII también dijo que "los jefes habrían intentado disuadir al cabo, quien se puso firme y exigió que se aclarara el tema". Y dijo desconocer "que se declaró en Tribunales ya que a partir de ahora es allí donde se aclarará lo ocurrido. Lo concreto es que el cabo está libre y los jefes detenidos".
En tanto, de las seis personas inicialmente partícipes del tiroteo sólo quedó detenido Emanuel Rodrigo M., a quien se le había secuestrado un revólver calibre 32 y se le imputa resistencia a la autoridad.
Según el fiscal Carlos Cobani, los "tres policías deben quedar detenidos hasta que se aclare la situación del celular y los números de teléfonos que están en esa agenda, todo lo que será peritado en esta semana". Y aunque no aclaró a quien pertenecía el aparato en cuestión, trascendió que el mismo es propiedad de Marcos P., un muchacho de 31 años sin antecedentes penales.
La víctima estaba internada en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria desde el pasado 20 de octubre cuando intentó frenar una pelea a la salida del salón de eventos donde festejó los 15 su sobrina. Después de múltiples golpes, un joven de 19 años le propinó una patada en la cabeza mientras estaba en el piso. Este domingo se confirmó su deceso
Claudina se presentó en el Instituto Médico Legal para reconocer el cuerpo de su hija. "No puede seguir pasando esto, ni en San Lorenzo ni ninguna otra parte del país. Basta”, dijo.
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Lo halló la Policía de Investigaciones tras allanamientos que realizó en la noche de este jueves en Puerto General San Martín, donde había sido secuestrado un 308 gris que se presume que tendría relación con la desaparición de la joven de 20 años que había sido vista por última vez el 30 de octubre.
Se trata de Kevin Leonardo Ayala, quien además está investigado como posible partícipe en el homicidio del policía Andrés Farías, que tuvo lugar el pasado 27 septiembre en Fisherton. Al momento de ser acusado en Rosario tenía la llave de unas esposas en su ropa interior