Investigan a policías por la Narcochacra

La jueza Alejandra Rodenas hizo lugar a un pedido de la Fiscalía y abrió el capítulo provincial de la investigación que involucra a policías por la llamada Narcochacra, un allanamiento en una chacra de Alvear que ocurrió en abril de 2013. Ahora la Justicia santafesina inició una instrucción por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y sustracción, ocultamiento y/o destrucción de elementos destinados a servir de prueba contra policías que participaron en el operativo.

En tanto, la Justicia federal también abrió una investigación a cargo del fiscal Santiago Marquevich, a quien fue derivado el pedido de investigación sobre los uniformados de jerarquía que intervinieron en el operativo y el juez Juan Carlos Vienna que emitió la orden.

Un robo a la firma Calatayud del 2 de abril de 2013 y un informe de calle de la Agrupación Orden Público presentado al magistrado derivó en un allanamiento a una chacra de la localidad de Alvear dos días después. Lejos de hallar electrodomésticos, en la chacra secuestraron 19 kilos de droga, armas y detuvieron a cinco personas, entre ellas Miguel Ángel “Japo” Saboldi, quien murió durante un incendio en el Pabellón 3 de la Alcaidía donde fue derivado tras el operativo.

Este allanamiento fue filmado y ese video desató el escándalo. Un policía corriendo con una bolsa con dinero, otros acomodando droga y una búsqueda meticulosa que no parecía querer encontrar electrodomésticos. Sumado a que el allanamiento empezó sin orden porque los agentes que llevaban el papel se perdieron en el camino y que el testigo del operativo apareció más de media hora después. Es por eso que el video determinó nulidades en la Justicia provincial y derivó en la absolución de los cuatro imputados que llegaron a juicio por tráfico de estupefacientes en la Justicia federal.

Esto derivó en una causa por portación de armas que quedó en los Tribunales de calle Balcarce; la fiscal Lucía Aráoz solicitó en tres oportunidades (el 2 de septiembre de 2013, el 22 de septiembre de 2014 y el 3 de junio de 2015) la apertura de una investigación por las irregularidades que se observaron en el procedimiento por parte del personal policial. A su vez, la Cámara Penal había instado al Juzgado de Instrucción 14ª (donde tramitó la causa de portación, por un antecedente penal anterior del dueño de la chacra, Diego Cuello) a que iniciara una instrucción al respecto. Incluso el juez Javier Beltramone, que supo hacerse cargo en forma transitoria del Juzgado, solicitó la extracción de copias para iniciar un sumario, resolución que no se cumplimentó.

Migración de jueces

Con la modificación del régimen procesal penal y la transferencia de jueces al nuevo sistema, entre ellos Vienna, el Juzgado de Instrucción 14ª quedó en manos de Alejandra Rodenas, quien recibió un nuevo pedido de investigación por parte de la fiscal María Alejandra Rodríguez –ya que Aráoz se jubiló–, quien insistió con el pedido de su antecesora y sugirió la realización de pruebas, entre ellas, analizar minuciosamente los videos que contienen la escandalosa filmación del procedimiento. También requirió la citación a indagatoria del comisario José María Brunelli, a cargo de la seccional 5ª en el 2013, Juan Cabral, entonces jefe de Orden Público, al comisario inspector Claudio Peralta y a Jorge Álvarez, en aquella fecha jefe de Cuerpo de Guarda e Infantería.

Este nuevo pedido que ahora recayó en manos de Rodenas fue admitido sin perjuicio de la evaluación posterior de la competencia judicial, ya que la Justicia federal mandó investigar a los mismos protagonistas por acopiar, transportar y plantar droga. A su vez, dispuso el requerimiento de informes: al Juzgado de Sentencia 4ª donde actualmente se encuentra en trámite la causa por portación, para que comunique si se inició una investigación vinculada con la actuación policial durante el allanamiento y al Tribunal Federal Nº 1 para conocer información oficial del juicio por drogas, su desenlace y la existencia de una orden de investigar a los funcionarios policiales.

El fiscal federal Marquevich, en tanto, analiza el material y podría pedir actuaciones en las próximas semanas.