Antes del debate: El PJ pone condiciones para respaldar la reforma constitucional

Para el peronismo, fuerza legislativa mayoritaria expresada en múltiples voces por su fragmentación en ambas Cámaras del Parlamento provincial, una eventual reforma de la Constitución santafesina solo será posible si se alcanza "el mayor de los consensos".

Sucede que cuando aún no se lanzó formalmente la anunciada ronda de conversaciones con los partidos con representación parlamentaria, que la Casa Gris -según confirmó un calificado vocero a este diario- convocará en las próximas semanas para analizar si hay plafond político para encarar una reforma de la Constitución provincial, las manifestaciones del gobernador Antonio Bonfatti a La Capital (ver aparte) pusieron en guardia al PJ, cuyos legisladores coinciden en que "hay otros temas prioritarios por resolver", como la inseguridad y el narcotráfico.
En la última jornada legislativa opinaron sobre la idea lanzada por Bonfatti representantes del justicialismo, que ostenta un tan amplio como disperso predominio. Por caso, en Diputados son diez las bancadas en que se divide el interbloque peronista.

"Hasta que no se exprese el congreso del PJ, que es el organismo máximo del partido, no voy a tomar una posición porque voy a respetar la voluntad del justicialismo sobre este tema", avisó Luis Rubeo, presidente de la Cámara baja santafesina y hombre de diálogo fluido con la administración socialista.

Puerta entreabierta. La opinión de Rubeo, si bien no cierra ninguna puerta a la idea reformista, la condiciona -como la mayoría de sus colegas consultados- a un "amplio consenso con puntos claros y específicos sobre lo que se pretende reformar. Porque -argumenta- a pesar de que algunos dicen que la Constitución santafesina es vieja, contiene estatutos de avanzada que otras no poseen, como el derechos a réplica, a la propiedad, a la salud, a la educación, aspectos que fueron incorporados en 1962 y que se incorporaron en 1994 a la Carta Magna nacional".

Igualmente, Rubeo cree que "hay que actualizar la Constitución provincial en cuanto a la nacional en algunos aspectos, como el darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura con integración plena de los legisladores, darle otro rol a la Defensoría del Pueblo para que no sea meramente un órgano de recomendación sino que pueda actuar administrativamente, avanzar sobre la modificación de los mandatos de los presidentes comunales, e incorporar todo lo referido al derecho ambiental".

"Hay muchos aspectos que pueden ser debatidos, pero si no hay un acuerdo sobre los temas en cuestión no creo que se logren los dos tercios necesarios para realizar la reforma", avisa Rubeo.

El diputado Avelino Lago, del bloque Producción y Trabajo, coincide en que "la decisión de reformar la Constitución está sujeta a lo que resuelva el congreso del PJ" y que una Convención Reformadora "requiere el mayor de los consensos". Además, recordó que durante los mandatos de Jorge Obeid "se consultó en dos oportunidades a los partidos con representación parlamentaria y a mí me tocó ser secretario ad honorem de una comisión conformada el efecto, de manera que los temas eventualmente a reformar ya han sido expedidos de manera orgánica". "Mi opinión es que la agenda del gobierno debería incluir temas prioritarios a resolver, como la salud y la seguridad".

Para Pablo Di Bert (bloque Encuentro Santafesino, del FpV) "el Frente Progresista dijo que no era el momento cuando el justicialismo planteó la reforma en los gobiernos de Obeid. Y, más allá de una chicana partidaria, creemos que hoy no estamos en condiciones de hablar de una reforma que no le va a generar soluciones inmediatas a la gente". "No vemos que sea la prioridad; preferimos ver cómo solucionamos que la gente pueda estar sentada en la puerta de su casa viendo jugar a su hijo o que pueda transitar por el centro sin que le arrebaten la cartera", abundó.

No todo es igual. El diputado Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) sujetó una opinión definitiva "a conocer cuáles son los puntos a reformar". "A nosotros no nos da todo lo mismo, porque si la reforma se reduce a un mero planteo de aspectos político institucional, como la autonomía de Rosario y Santa Fe, Consejo de la Magistratura u otras cuestiones que se pueden resolver por ley, creemos que no haría falta. Ahora, si se busca incorporar a la Carta Magna derechos sociales y reconocimiento de derechos, innovaciones culturales de avanzada que se han conquistado en los últimos diez años, estaríamos dispuestos a discutir una eventual reforma", enfocó Toniolli.

"Lo que sí vemos es que hasta ahora tanto Binner como Bonfatti, más que plasmar una iniciativa reformista, han ocupado el centro de la escena política con esta cuestión a manera de remanida propuesta pública que no se traduce en algo concreto y serio", cerró.

Desde el bloque del Partido del Progreso Social, el diputado Oscar Urruty recordó que "somos reformistas en diversas cuestiones, como la bicameralidad, que hace muy pesada la sanción de leyes; la autonomía municipal o la consagración de nuevos derechos. Pero habrá que ver si existe el consenso necesario para llevar adelante una transformación real, porque a título simbólico no vamos a acompañar ninguna reforma", distinguió.

En la Cámara alta, la visión opositora no difiere demasiado con las opiniones de los diputados. Para el senador por Garay Ricardo Kaufmann (titular de la comisión de Asuntos Constitucionales), es fundamental saber "qué cuestiones y para qué" plantea una reforma el oficialismo. "Me gustaría saber cuál es el planteo, porque si se trata de solucionar los problemas más urgentes se necesitan otro tipo de medidas", cuestiona el avezado legislador del PJ, para quién además se trata de una cuestión de oportunidad o inoportunidad en este caso: "Debieron llamar a elecciones de convencionales junto con la reciente elección legislativa, porque no es aconsejable hacer una elección detrás de la otra, máxime cuando quién la propone ha salido ganancioso", objeta cierta picardía política del oficialismo Kaufmann.