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La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes pidió a la Legislatura provincial que adhiera a la norma nacional. El objetivo es abordar la conflictividad social en las instituciones educativas.
Foto: Defensoría de NNyA
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes presentó en la Legislatura provincial una iniciativa para que Santa Fe adhiera a la ley nacional que promueve la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
En el encuentro realizado en presidencia de Diputados estuvieron presentes el Defensor del Pueblo adjunto, Luciano Leiva, el presidente de la Cámara, Luis Rubeo, y los legisladores José Tessa, Patricia Durruty, Germán Mastrocola, Alicia Gutierrez, Federico Reuteman, Verónica Bennas, Inés Bertero, Joaquín Blanco, Griselda Tessio y Rosario Cristiani.
Durante la presentación, la defensora Analía Colombo explicó que la ley nacional se destaca por “su enfoque preventivo y mirada integral sobre la temática”. Al mismo tiempo que muestra “una mirada positiva respecto del abordaje de la problemática de referencia realizando un aporte a la convivencia”.
“De esta manera la provincia de Santa Fe sería pionera en adherir a la legislación y eso iría en consonancia con las anteriores legislaciones aprobadas en materia de niñez y adolescencia”, sostuvo la defensora.
La iniciativa fue recibida de forma positiva por todos los legisladores presentes que destacaron “compartir la misma mirada y los mismos objetivos planteados por la Defensoría en relación a abordar la problemática desde una perspectiva integral”.
La ley nacional
La legislación reafirma, entre otros, los principios de: “respeto y aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de la información y comunicación, la resolución no violenta de conflictos, la utilización del diálogo como metodología para la identificación y resolución de los problemas de convivencia, el respeto por las normas y la sanción de sus transgresiones como parte de la enseñanza socializadora de las instituciones educativas, la contextualización de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según las perspectivas de los actores, los antecedentes previos y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante la ley, el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo ante situaciones de transgresión a las normas establecidas”.
Tiene como objetivo “garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica”.
“La legislación establece las bases para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia así como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial”, expresó la ombudsman con competencias en niñez y adolescencia.
Las cifras de Rosario y Santa Fe
Según datos de la Defensoría, "la vulneración del derecho a la integridad de niñas, niños y adolescentes ha representado prácticamente el 35% de los casos atendidos" por esa repartición durante los años 2012 y 2013.
De los casos atendidos por situaciones de violencia en la delegación de Rosario, el 69 por ciento ocurrió en el ámbito familiar y los restantes en ámbitos institucionales –educativos, de salud– o comunitarios, y en los que predomina la violencia entre pares.
En el caso de Santa Fe, las situaciones de violencia en el entorno familiar representaron el 81% de los hechos violentos que afectaron a niñas y niños; el porcentaje restante corresponde a violencias en entornos institucionales.
Según las cifras, que fueron publicadas en el primer informe anual del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Santa Fe, “las situaciones de violencia en ámbitos institucionales ocurrieron casi en su totalidad en centros educativos, y se trató de agresiones entre los propios niños o adolescentes; en porcentajes mucho menores la violencia fue ejercida por un adulto referente de la institución”.
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El informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados detalla que, aunque hubo un repunte en relación a 2024, en mayo y junio se registraron dos meses consecutivos de caída de la actividad y, en julio, la retracción fue del -2,3% mensual y -1,1% interanual. “El plan económico de Milei y Caputo está mostrando sus límites: piensa más en el mercado financiero que en la gente”, criticó el diputado provincial, Joaquín Blanco.
Los legisladores socialistas denunciaron “una timba impositiva electoralista que terminó beneficiando a un puñado de empresas exportadoras”. Pidieron “una reforma tributaria profunda, que contemple una rebaja escalonada de los derechos de exportación, para darle previsibilidad a toda la economía”.
La cartera educativa provincial enviará un proyecto a la Legislatura para actualizar la regulación vigente desde 2006. La iniciativa busca limitar el uso de dispositivos en primaria y secundaria, permitiendo excepciones con fines pedagógicos y ofreciendo herramientas a las instituciones para garantizar su cumplimiento
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