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Festram analiza medidas de fuerza en todo el territorio provincial por la actualización de las Asignaciones Familiares y las permanentes violaciones a los derechos laborales de los trabajadores del sector.
El Consejo Directivo de la Federación de Trabajadores Municipales resolvió disponer el estado de alerta y movilización de los trabajadores del sector y solicitar una audiencia al Ministro de Trabajo de la Provincia.
La decisión obedece a la falta de actualización de las Asignaciones Familiares, cuya responsabilidad pertenece al gobernador de la provincia y al desinterés de la Legislatura santafesina en corregir las arbitrarias diferencias entre los valores establecidos por el Estado Nacional y los vigentes en la Provincia de Santa Fe. De acuerdo a lo comentado por Claudio Leoni, secretario general del gremio, “desde hace mucho tiempo que el Gobierno provincial no actualiza las asignaciones familiares, uno de los ejemplos más absurdos, es el valor de la ayuda escolar primaria que es de 3 pesos, se gastan más dinero para imprimirlo en cada recibo de sueldo que lo que efectivamente tiene que cumplir, porque este es un derecho constitucional”.
Asimismo, consideran ineficaces las acciones del Ministerio de Trabajo para garantizar el cumplimiento de derechos constitucionales y laborales de los trabajadores municipales y comunales santafesinos.
Por esas razones, solicitarán una reunión con el Ministro de Trabajo en busca de soluciones concretas, tras considerar que ese Ministerio ha sido permeable a las reiteradas violaciones de derechos constitucionales y laborales en un importante número de municipios y comunas.
Festram, también responsabiliza a esa cartera de gobierno por la proliferación del trabajo precario y no registrado que se expande en el conjunto de municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.
Los despidos arbitrarios violando el derecho constitucional a la estabilidad laboral, el incumplimiento de los acuerdos paritarios y las decisiones autoritarias sobre los derechos fundamentales de los trabajadores, se han generalizado de tal manera en las administraciones locales que nos obligan a abordar su resolución por la vía del conflicto.
Este conjunto de medidas ilegales y fraudulentas se vienen desarrollando en San Javier, Landeta, Laguna Paiva, Vera, Candioti, Humboldt, Las Toscas, San Antonio de Obligado, Santo Tomé, Loma Alta entre otras localidades.
Por su parte Leoni destacó que “se trata del derecho a la estabilidad de un empleo público que nosotros debemos defender y el derecho a que los trabajadores perciban lo que se acuerda por paritaria, estas dos cuestiones afectan a varias municipalidades de la provincia, si estos dos temas no se resuelven estamos dispuestos a hacer protestas con medidas de fuerza en toda la provincia”.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
