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Festram analiza medidas de fuerza en todo el territorio provincial por la actualización de las Asignaciones Familiares y las permanentes violaciones a los derechos laborales de los trabajadores del sector.
El Consejo Directivo de la Federación de Trabajadores Municipales resolvió disponer el estado de alerta y movilización de los trabajadores del sector y solicitar una audiencia al Ministro de Trabajo de la Provincia.
La decisión obedece a la falta de actualización de las Asignaciones Familiares, cuya responsabilidad pertenece al gobernador de la provincia y al desinterés de la Legislatura santafesina en corregir las arbitrarias diferencias entre los valores establecidos por el Estado Nacional y los vigentes en la Provincia de Santa Fe. De acuerdo a lo comentado por Claudio Leoni, secretario general del gremio, “desde hace mucho tiempo que el Gobierno provincial no actualiza las asignaciones familiares, uno de los ejemplos más absurdos, es el valor de la ayuda escolar primaria que es de 3 pesos, se gastan más dinero para imprimirlo en cada recibo de sueldo que lo que efectivamente tiene que cumplir, porque este es un derecho constitucional”.
Asimismo, consideran ineficaces las acciones del Ministerio de Trabajo para garantizar el cumplimiento de derechos constitucionales y laborales de los trabajadores municipales y comunales santafesinos.
Por esas razones, solicitarán una reunión con el Ministro de Trabajo en busca de soluciones concretas, tras considerar que ese Ministerio ha sido permeable a las reiteradas violaciones de derechos constitucionales y laborales en un importante número de municipios y comunas.
Festram, también responsabiliza a esa cartera de gobierno por la proliferación del trabajo precario y no registrado que se expande en el conjunto de municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.
Los despidos arbitrarios violando el derecho constitucional a la estabilidad laboral, el incumplimiento de los acuerdos paritarios y las decisiones autoritarias sobre los derechos fundamentales de los trabajadores, se han generalizado de tal manera en las administraciones locales que nos obligan a abordar su resolución por la vía del conflicto.
Este conjunto de medidas ilegales y fraudulentas se vienen desarrollando en San Javier, Landeta, Laguna Paiva, Vera, Candioti, Humboldt, Las Toscas, San Antonio de Obligado, Santo Tomé, Loma Alta entre otras localidades.
Por su parte Leoni destacó que “se trata del derecho a la estabilidad de un empleo público que nosotros debemos defender y el derecho a que los trabajadores perciban lo que se acuerda por paritaria, estas dos cuestiones afectan a varias municipalidades de la provincia, si estos dos temas no se resuelven estamos dispuestos a hacer protestas con medidas de fuerza en toda la provincia”.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.
