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Quieren exponer ante el ministro de Energía y Minería de la Nación el problema que la ciudadanía santafesina vive por estos días producto del aumento tarifario del servicio de energía eléctrica.
Los defensores Analía Colombo y Luciano Leiva, a cargo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, solicitaron una audiencia con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, a los efectos de exponer el problema que la ciudadanía santafesina vive por estos días producto del aumento tarifario del servicio de energía eléctrica.
El pedido de la reunión se enmarca en las presentaciones, tanto de ciudadanos como de instituciones, recibidas a diario en las oficinas de este organismo provincial que demuestran serias dificultades derivadas del precio de los servicios energéticos, que afectan derechos básicos de las personas.
A título de ejemplo y en su calidad de defensores, Colombo y Leiva remarcaron que “la crítica situación que atraviesan los clubes en general y particularmente aquellos que tienen natatorios calefaccionados, y que alojan a una población infantil y de adultos, cumpliendo con una función social no solo en lo deportivo, sino también en lo relativo a la salud”, indicaron desde la Defensoría.
Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: “En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina”.
El Ministerio de Economía confirmó que ese martes se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a activos y pasivos de Santa Fe.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
