Seguinos en 
muy nuboso
22°C
22°C
22°C
Sus antecesores son reconocidas figuras de la política provincial, que formaron o forman parte de la Cámara baja santafesina.
Desde que fue creada por ley en 1990, la figura de defensor del pueblo de Santa Fe recayó en reconocidas figuras de la política local, con una coincidencia extra: todos fueron o son diputados provinciales.
Hubo una única excepción a este patrón: Edgardo Bistolleti, el último defensor titular, que falleció durante el ejercicio de su mandato. En su caso fue propuesto por el ex gobernador Hermes Binner cuando estaba cerrando su carrera como juez penal en los Tribunales de Rosario.
Los anteriores fueron hombres y mujeres de la política santafesina: Norberto Nicotra (PJ, actual diputado aliado de PRO); María Angélica Gastaldi (PJ, ex diputada y actual ministra de la Corte Suprema); Carlos Bermúdez (PJ, ex diputado y actual funcionario del Senado); Edgardo Bistoletti (ex juez, promovido por el Frente Progresista). Ahora se suma Raúl Lamberto, histórico socialista que fue diputado nacional, provincial y ministro de Seguridad.
La misma línea histórica siguieron los gobernadores con los defensores adjuntos de Santa Fe y Rosario, los que deberán renovarse el año próximo (Liliana Oyola, Liliana Meotto, Rubén Dunda, Ricardo Ciccarelli y Luciano Leiva, entre otros) junto con la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes.
La Defensoría tiene una particularidad. No depende del Poder Ejecutivo sino del Legislativo. Quizás por eso, sus planteles de profesionales y empleados, con excepciones, en su mayoría están compuestos por un crisol de pertenencias partidarias: radicales, peronistas, demócratas progresistas, socialistas, entre otros.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.
