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Sus antecesores son reconocidas figuras de la política provincial, que formaron o forman parte de la Cámara baja santafesina.
Desde que fue creada por ley en 1990, la figura de defensor del pueblo de Santa Fe recayó en reconocidas figuras de la política local, con una coincidencia extra: todos fueron o son diputados provinciales.
Hubo una única excepción a este patrón: Edgardo Bistolleti, el último defensor titular, que falleció durante el ejercicio de su mandato. En su caso fue propuesto por el ex gobernador Hermes Binner cuando estaba cerrando su carrera como juez penal en los Tribunales de Rosario.
Los anteriores fueron hombres y mujeres de la política santafesina: Norberto Nicotra (PJ, actual diputado aliado de PRO); María Angélica Gastaldi (PJ, ex diputada y actual ministra de la Corte Suprema); Carlos Bermúdez (PJ, ex diputado y actual funcionario del Senado); Edgardo Bistoletti (ex juez, promovido por el Frente Progresista). Ahora se suma Raúl Lamberto, histórico socialista que fue diputado nacional, provincial y ministro de Seguridad.
La misma línea histórica siguieron los gobernadores con los defensores adjuntos de Santa Fe y Rosario, los que deberán renovarse el año próximo (Liliana Oyola, Liliana Meotto, Rubén Dunda, Ricardo Ciccarelli y Luciano Leiva, entre otros) junto con la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes.
La Defensoría tiene una particularidad. No depende del Poder Ejecutivo sino del Legislativo. Quizás por eso, sus planteles de profesionales y empleados, con excepciones, en su mayoría están compuestos por un crisol de pertenencias partidarias: radicales, peronistas, demócratas progresistas, socialistas, entre otros.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
