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Sus antecesores son reconocidas figuras de la política provincial, que formaron o forman parte de la Cámara baja santafesina.
Desde que fue creada por ley en 1990, la figura de defensor del pueblo de Santa Fe recayó en reconocidas figuras de la política local, con una coincidencia extra: todos fueron o son diputados provinciales.
Hubo una única excepción a este patrón: Edgardo Bistolleti, el último defensor titular, que falleció durante el ejercicio de su mandato. En su caso fue propuesto por el ex gobernador Hermes Binner cuando estaba cerrando su carrera como juez penal en los Tribunales de Rosario.
Los anteriores fueron hombres y mujeres de la política santafesina: Norberto Nicotra (PJ, actual diputado aliado de PRO); María Angélica Gastaldi (PJ, ex diputada y actual ministra de la Corte Suprema); Carlos Bermúdez (PJ, ex diputado y actual funcionario del Senado); Edgardo Bistoletti (ex juez, promovido por el Frente Progresista). Ahora se suma Raúl Lamberto, histórico socialista que fue diputado nacional, provincial y ministro de Seguridad.
La misma línea histórica siguieron los gobernadores con los defensores adjuntos de Santa Fe y Rosario, los que deberán renovarse el año próximo (Liliana Oyola, Liliana Meotto, Rubén Dunda, Ricardo Ciccarelli y Luciano Leiva, entre otros) junto con la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes.
La Defensoría tiene una particularidad. No depende del Poder Ejecutivo sino del Legislativo. Quizás por eso, sus planteles de profesionales y empleados, con excepciones, en su mayoría están compuestos por un crisol de pertenencias partidarias: radicales, peronistas, demócratas progresistas, socialistas, entre otros.
Luego de 63 años, llega una nueva Carta Magna. Con la aprobación de los últimos dictámenes, queda listo el texto final. Consensos entre oficialismo y oposición
“Estamos logrando que la Policía cuente con el equipamiento necesario para cumplir su función”, destacó la vicegobernadora Gisela Scaglia, que encabezó la entrega de 5 minibuses totalmente equipados a la PDI. La inversión superó los $753 millones.
El sindicato manifestó su solidaridad con los empleados de la planta de Firmat y cuestionó los dichos de la representante legal de la empresa hacia el secretario general de la seccional local, Diego Romero.
Tres fábricas tienen las plantas cerradas y cientos de trabajadores en riesgo. El gobierno provincial advirtió sobre la gravedad.
