El presidente de la Cámara de Diputados impulsará la creación de una comisión investigadora integrada por todas las fuerzas que la componen. Solicitó a la vicegobernadora “que convoque a la brevedad” a sesión conjunta con el Senado para tratar la suspensión de Ponce Asahad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, impulsará la creación de una comisión investigadora de los hechos de público conocimiento que involucran a dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) –Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad- en la presunta extorsión y cobro de coimas a una persona vinculada al juego clandestino.
“Desde el Frente Progresista queremos apoyar y acompañar la tarea que está llevando adelante el MPA y a los fiscales que pusieron en marcha este proceso y que son un orgullo para los santafesinos por la valentía y el coraje con que llevan estas y otras causas vinculadas a los delitos más resonantes ocurridos en los últimos años”, sostuvo Lifschitz al anunciar la propuesta.
Al mismo tiempo, instó a la vicegobernadora Alejandra Rodenas “a que convoque a la brevedad, tal como lo solicitó la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, una sesión conjunta de ambas cámaras para tratar la moción de suspensión por 180 del fiscal Ponce Asahad”, aprobada el día lunes.
El titular de Diputados propondrá la creación de una comisión investigadora como la conformada para el caso Vicentín, “en esta oportunidad, para que se investigue a fondo y de manera exhaustiva todos los elementos que existen en la causa iniciada por el MPA, agregar otros y colaborar con los fiscales”.
Según explicó Lifschitz, la intención es “contribuir desde la Cámara de Diputados para que se esclarezca esta situación y se llegue hasta sus últimas consecuencias. Es la señal que queremos darle a la ciudadanía”.
Con ese objetivo, la iniciativa busca que “toda la sociedad civil y las organizaciones que estén de alguna manera vinculadas con la transparencia o estén interesadas en la institucionalidad de la provincia puedan participar, estar informadas, acceder a los avances de la causa, que podamos dilucidar otras complicidades, otros vínculos que aparentemente estos dos fiscales tenían en otros ámbitos y que pudieran haber sido parte de esta actividad delictiva, en forma de protección o garantía de impunidad. No queremos que nada de esto quede oculto, sino contribuir desde
nuestro lugar para avanzar los más posible en esta investigación”, afirmó.
Avance extraordinario
Lifschitz también se refirió a la transformación que supuso la implementación del nuevo código procesal en la provincia de Santa Fe en 2014 y consideró que “la creación del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa, luego de varios años de discusión de las leyes y procedimientos; y de la selección de jueces, fiscales y defensores, representó un extraordinario avance en materia de justicia penal”.
“Son muy pocas las provincias argentinas que han avanzado en la modernización de la justicia penal y a nivel nacional todavía no se pudo poner en marcha el sistema acusatorio, que está pendiente desde hace muchos años”, remarcó.
“Durante los gobiernos del Frente Progresista –rememoró Lifschitz- no solo se avanzó en la consolidación de dicho sistema, sino en la puesta en marcha del Organismo de Investigaciones del MPA, un cuerpo profesional de investigadores que depende directamente de las fiscalías y que permitió avanzar sobre las principales organizaciones delictivas que operaban en el territorio santafesino”.
“También en este caso ha permitido echar luz sobre un hecho de presunta corrupción cometido por un fiscal de grado y un fiscal regional que estarían involucrados en maniobras de extorsión y exacciones ilegales a un pseudo empresario del juego ilegal u otras actividades”, valoró.
“Creemos que es muy importante –aseguró- porque probablemente hechos de esta naturaleza hayan ocurrido antes y hayan quedado ocultos. Hoy están abiertas las posibilidades para denunciar estos casos y contamos con instrumentos para avanzar en su investigación y esto es lo que hicieron los fiscales que pusieron en marcha este proceso”.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.