Más allá del aval, unos y otros hicieron planteos vinculados al reconocimiento a la actividad que realizan.

Los docentes de Amsafé, en una foto de archivo en la que planteaban reclamos salariales junto a trabajadores estatales.
Los docentes públicos y privados de la provincia aceptaron la propuesta salarial ofrecida por el gobierno santafesino. Unos y otros tomaron la resolución luego de sendas asambleas realizadas en la capital provincial.
El plenario provincial de Amsafé se realizó con la participación de delegados seccionales de los 19 departamentos de Santa Fe. "Con la participación de más de 26.000 trabajadores y trabajadoras de la educación de toda la provincia de Santa Fe se aprobó por mayoría la propuesta emanada de la paritaria docente", dijo el gremio en un breve comunicado.
Más allá de esa aceptación general, el gremio formuló al gobierno una serie de exigencias entre las que se destacan la reapertura de la paritaria en la primera semana del mes de diciembre para blanquear las sumas no remunerativas y no bonificables, y la asignación económica por conectividad con retroactividad al mes de marzo.
Además, pidió la actualización de las asignaciones familiares, que se respete la remuneración del 82 por ciento para los jubilados y que se regularice y adecue la carga laboral al contexto, respetando el derecho a la desconexión.
A su vez, rechazó el veto del bono para docentes reemplazantes y exigió la inmediata solución de la problemática.
También Sadop
Por su parte, los docentes privados nucleados en el Sadop también aceptaron en una asamblea de delegados la propuesta salarial de la provincia, aunque a su vez expresaron su "gran disconformidad" con los montos ofrecidos.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.