“Queremos saber qué plazos y condiciones se acordaron para pagar con bonos y no en efectivo”, dijo la diputada provincial, al tiempo que alertó por la detracción de casi 2% de la recaudación santafesina que Perotti aceptó para financiar a la Afip.
La diputada provincial Clara García sostuvo que el acuerdo que el gobierno Provincial cerró con la Nación para cobrar la deuda de coparticipación reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “debe ser una verdadera política de Estado, porque involucra el futuro de Santa Fe”.
En este sentido, criticó al gobernador Omar Perotti por las condiciones en la que se cerró el acuerdo y señaló que la discusión “debe pasar por la Legislatura para conocer las condiciones y otorgarle legitimidad. Queremos saber qué plazos y condiciones se acordaron para pagar con bonos y no en efectivo”.
"La deuda de Nación que la Corte Suprema reconoció a Santa Fe no es propiedad de un gobernador. Es una lucha de 15 años por los fondos que los gobiernos kirchneristas le sacaron a nuestra provincia. Mientras Hermes Binner fue a la justicia con (Carlos) Reutemann y (Jorge) Obeid, Perotti va solo a negociar con (el presidente) Alberto Fernández", cuestionó García, en el marco de un foro de debate sobre el tema que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe con la participación de expertos y representantes de distintas fuerzas políticas.
“Encima –añadió la legisladora-, nos enteramos de que el acuerdo incluye, a modo de Caballo de Troya, una nueva detracción de casi el 2% de la recaudación santafesina para financiar el régimen de autarquía de la Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos), algo que nosotros nunca hubiéramos permitido”.
Según estimó el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione, esa deducción –para cuya instrumentación la Corte Suprema exige la conformidad de la provincia-, representa entre 7.000 y 8.000 millones de pesos menos por año para Santa Fe.
Saglione marcó, además, “el trato diferencial” que tiene la provincia de Buenos Aires en relación a Santa Fe a la hora de cobrar fondos adeudados por la Nación. “A nosotros nos dicen que no hay plata sino bonos. Hay que ver de qué calidad son porque lo que estamos viendo es que los títulos CER están siendo muy castigados por el mercado. Si uno va hoy al mercado, de cada 100 pesos, le pagan 70. Es decir, que Santa Fe estaría perdiendo el 30% de la deuda. Por eso queremos ver el texto del acuerdo antes de dar nuestra conformidad”.
Quien fuera ministro de Economía de la gestión de Miguel Lisfchitz recordó que el ex gobernador “siempre opinó que una decisión de este tipo debía ser consensuada con todos los sectores porque involucraba a los más de 3,5 millones de santafesinos y santafesinas. Un tema así requiere de distintas miradas y las distintas miradas están en la Legislatura”.
García reforzó esa posición al señalar que “la Constitución provincial establece que una de las funciones de la Legislatura es dar acuerdo a firmas como esta donde se compromete a la provincia a futuro, como lo ha hecho este mismo gobierno con acuerdos como el de la deuda de la EPE con Cammesa o el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones”.
Para cerrar, la diputada provincial sostuvo que “así como Binner fue el padre del federalismo fiscal al presentar el reclamo ante la Corte en 2010, Perotti es responsable de una firma que nos devuelve al centralismo fiscal”. Asimismo, hizo suya una expresión del constitucionalista Domingo Rondina sobre el tema: “Santa Fe lo ganó en la cancha y Perotti lo perdió en el escritorio”.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.