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Se trata de la empresa cuyo nombre de fantasía es Social Card y que utiliza artimañas dirigidas a personas que cobran pensiones o asignaciones sociales, a los que engañan para venderles un servicio a base de contratos repletos de cláusulas abusivas.
La Cámara de Apelaciones aceptó el pedido de la defensa y benefició con domiciliaria a Juan A., el religioso de 53 años imputado por abusar de tres chicos con retraso madurativo. Los directivos de la institución lo denunciaron después que una víctima contó que había sido sometido durante 8 años.
Las unidades habitacionales se emplazan en barrio San Cayetano y forman parte de un plan de 48 casas.
