La Justicia local avanzó esta semana en una causa que investiga una serie de estafas relacionadas con la comercialización de viviendas modulares. Un hombre de 42 años, empleado de una empresa dedicada a este rubro, fue imputado por el fiscal Juan Pablo Baños tras ser señalado como el responsable de engañar a múltiples compradores.
Según la investigación, el imputado aprovechaba su cargo y el acceso a las instalaciones de la empresa para generar confianza en las víctimas. El modus operandi consistía en ofrecer las viviendas, recibir pagos en concepto de seña o adelanto —muchas veces a través de transferencias a cuentas personales o entregas de dinero en efectivo— y luego interrumpir el contacto con los clientes.
Las denuncias comenzaron a acumularse cuando los compradores, tras haber realizado pagos significativos, notaban que los plazos de entrega se vencían y no obtenían respuestas satisfactorias. Al contactar formalmente a la empresa, muchos se llevaban la sorpresa de que sus operaciones no figuraban en los registros oficiales de la firma.
El fiscal Baños le atribuyó al imputado el delito de estafas reiteradas. Se estima que el monto total del fraude es millonario, afectando no solo a vecinos de Casilda sino también a personas de localidades aledañas que se acercaban atraídas por la trayectoria de la constructora.
En la audiencia imputativa, se detallaron al menos cinco hechos concretos, aunque no se descarta que aparezcan nuevos damnificados con el correr de los días.
Libertad con restricciones: El juez de la causa dispuso que el imputado recupere la libertad, pero bajo el cumplimiento de estrictas reglas de conducta:
Firma quincenal en la comisaría correspondiente.
Prohibición de contacto con las víctimas.
Una caución económica para garantizar su sujeción al proceso.
A raíz de este caso, las autoridades locales y especialistas en defensa del consumidor recordaron la importancia de:
Verificar los canales de pago: Nunca realizar transferencias a cuentas personales de empleados o vendedores. Los pagos deben hacerse a cuentas bancarias a nombre de la empresa o razón social.
Exigir facturación oficial: Todo adelanto de dinero debe estar respaldado por un recibo oficial o factura emitida por el sistema legal de la firma.
Confirmar la operación: Ante cualquier duda, contactar a las oficinas administrativas o gerenciales de la empresa para constatar que el vendedor está autorizado y la operación fue cargada en el sistema.
La investigación continúa abierta y se están peritando dispositivos electrónicos del acusado para determinar si contaba con la complicidad de otras personas o si actuaba de forma totalmente independiente dentro de la estructura corporativa.
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