Investigan al Casino por estafa procesal

Bajo la imputación de una supuesta "estafa procesal" en los tribunales de Rosario se abrieron una causa penal y una investigación administrativa, solicitada por la Procuración General de la Corte Suprema santafesina, que tiene como protagonista principal de la trama al Casino de Rosario SA cuyo principal accionista es el empresario con fuertes lazos con el kirchnerismo, Cristóbal López, en un juicio que le inició al Estado provincial al reclamar la inconstitucionalidad de un incremento de la alícuota de Ingresos Brutos.

El 22 de diciembre de 2011 en el juzgado Civil y Comercial Nº 15, a cargo de Carlos Cadierno, surgió una "novedad" que pasó desapercibida en los tribunales en la cercanía del final de año. A través del auto Nº 3155 el magistrado hizo lugar a una cautelar que había presentado Casino Rosario SA. En el expediente, iniciado el 20 de diciembre, dos días antes del fallo, la empresa pidió que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 44 de la Ley de Presupuesto Nº 13.065. En la denominada ley de leyes de 2010 se había modificado el artículo 7 de la Ley Impositiva Nº 3650. Para los tres casinos que existen actualmente en la provincia los cambios en materia tributaria habían tenido un fuerte impacto.
El inciso J de ese artículo del Presupuesto 2010 elevaba la alícuota de ingresos brutos para las mesas de juego de los casinos de 4,1 a 6,5 por ciento. El apartado K establecía que para las máquinas tragamonedas y bingos estaba previsto que el gravamen subiera de 6,5 a 10,5 por ciento.

Casino Rosario SA alegaba que con ese incremento se rompía la ecuación económica elaborada por el grupo de Cristóbal López en 2006 cuando le ganó la licitación a sus dos competidores, como Boldt/Inverama y a Casinos de Buenos Aires, asociado con Cirsa esta firma terminó fusionándose con City Center. La alícuota de Ingresos Brutos es una parte importante del negocio, aunque no se aplica sobre la facturación total sino sobre un porcentaje de la diferencia entre la venta de fichas y los premios pagados.

La importancia de este tributo quedó bien clara, cuando la Legislatura votó en junio de 2005, antes de que se licitaran los casinos, la reforma del Código Fiscal que estableció las reglas impositivas para preparar el terreno para las concesiones. Ricardo Benedicto, presidente de Casino Rosario SA, dejó en claro su preocupación por el incremento de la alícuota de Ingresos Brutos al advertir en una nota publicada por el diario El Ciudadano, el 1º de junio de 2010, que el salto de Ingresos Brutos de 4,1 a 6,5 representaba "el 50 por ciento de las utilidades de la compañía". "Estamos preocupados porque si cada problema que hay lo tiene que solucionar el Casino, la vaca deja de tener leche", afirmó en ese momento uno de los hombres más cercanos a Cristóbal López, a quien conoce desde la época patagónica. El Litoral se intentó comunicar con Benedicto, pero desde el Casino señalaron que "se encuentra de viaje" y que es el único que "va a hablar del tema".

El vértigo de la Justicia

En sólo dos días, el juez Cadierno tuvo la capacidad y sobre todo la velocidad para analizar si la ecuación económica de la empresa que más factura en la provincia que posee 1.800 empleados y realizó una inversión de 270 millones de dólares se veía afectada por el incremento de la alícuota de Ingresos Brutos. El 24 de abril pasado, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial, integrada por María del Carmen Álvarez, Darío Luis Cúneo y Ariel Ariza (quien pertenece a la Sala I), tumbó esa cautelar.

La premura en que Cadierno avaló la cautelar presentada por el abogado Peyrano a favor de la empresa de Cristóbal López llamó la atención en Fiscalía de Estado, que es parte en la causa en su función de representar a la provincia. Los abogados de esa dependencia detectaron algo llamativo: en la oficina de la mesa de entradas de los tribunales de Rosario habían ingresado en forma simultánea seis expedientes que según las sospechas tenían el mismo contenido (el reclamo del Casino contra el Estado santafesino) pero con carátulas distintas. Los expedientes con pequeñas diferencias en el texto de la carátula tienen un porqué y una presunción: el sistema informático de mesa de entradas cuando los ingresa los toma como trámites distintos, como causas separadas, aunque la finalidad del planteo sea el mismo. Así van todos a sorteo entre los 18 juzgados civiles y comerciales. En Fiscalía de Estado interpretan que el objetivo de esta jugada era que el caso promovido por el Casino Rosario SA e iniciado por un abogado con fuertes influencias en los tribunales recayera en el juzgado Civil y Comercial Nº 15.

Fiscalía de Estado presentó una denuncia por supuesta "estafa procesal" que está siendo investigada por el fiscal Nº 12 Donato Trotta a quien le cayó el caso luego de que la titular de la Fiscalía 11, Graciela Arguelles, se excusara y se inició una causa en el Juzgado Nº2 de Alejandra Rodenas. A su vez, la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de Jorge Barraguirre, envió el material girado al fiscal y le solicitó al máximo tribunal que inicie una investigación administrativa.

Un elemento que sustenta las fuertes sospechas de que hubo una estafa procesal es que el resto de los expedientes, a excepción del que cayó en el juzgado de Cadierno, fueron "recusados por los propios litigantes", que abandonaron las causas, o bien "desaparecieron". "Cuando se hace una maniobra de este tipo para direccionar un expediente a un determinado juzgado, el resto de las causas paralelas se deben eliminar porque si no pasan a ser una prueba de la potencial estafa procesal", aseguró una alta fuente judicial.

Pero los puntos oscuros no terminan en la jugada de los expedientes paralelos. Cadierno determinó que las costas del reclamo del Casino sean abonadas por el Estado provincial. Aunque el monto aún no fue determinado, fuentes judiciales calculan que podrían superar los 20 millones de pesos. Lo llamativo, según advirtieron en Fiscalía de Estado, es que el juez determinó que la provincia le pague al Casino Rosario SA cuando había un acuerdo firmado entre ambas partes, que es previo al inicio de la causa en el Juzgado Civil y Comercial Nº 15. Ante el conflicto que disparó este tema finalmente la Comisión Bicameral de Seguimiento Instalación y Explotación de Casinos y Bingos en el Territorio Provincial fue la que firmó un acuerdo con City Center y el resto de los casinos para que siguieran pagando la misma alícuota que tributaban cuando tomaron la concesión: 4,5 por ciento para las mesas y 6,5 para las tragamonedas.

Incluso, según señalaron fuentes judiciales que están a cargo de la investigación, ese acuerdo que rubricó el propio Ricardo Benedicto, presidente del Casino Rosario, tiene la certificación de un escribano público. De esa manera, en esa comisión especial se había cerrado el "incidente". Sin embargo, Casino Rosario SA presentó luego la medida cautelar junto con otros cinco expedientes paralelos que recayó en juzgado de Cadierno. Lo que manifiestan en Fiscalía de Estado es que "es muy llamativo que en un juicio sin conflicto la provincia tenga que pagar las costas". Además, insisten en que hay una manifiesta intención de canalizar el reclamo por el Juzgado Civil y Comercial Nº 15. City Center había iniciado otra causa, que fue a parar al fuero contencioso administrativo. La Cámara lo giró a Santa Fe, pero el 22 de febrero de 2012, el Casino desistió. Ya había salido en diciembre la cautelar a su favor.

Por los protagonistas centrales de la trama: la denuncia de Fiscalía de Estado y la decisión de la Procuración General de la Corte de solicitar una investigación administrativa, el tema disparó rumores y versiones de todo tipo en los tribunales. Después de estas medidas, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial revocó la cautelar dictada por Cadierno.

Sin perjuicio

El 24 de abril pasado, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial tumbó la medida cautelar dictada por el juez Carlos Cadierno a favor de Casino Rosario SA. La resolución firmada por el titular del juzgado Nº 15 según transcriben los camaristas señala que el argumento del Casino "resulta altamente verosímil". Y argumenta que el supuesto incremento de ingresos brutos "resulta ser un hecho inesperado, que podía causar una alteración relevante de la ecuación económica-financiera tenida en cuenta por la actora (City Center) al momento de realizar la inversión, implicando ello una afectación al derecho de propiedad". Además, afirmaba que esa "alteración imprevisible proveniente de un acto del Estado provincial excedía el riesgo empresario".

¿Expedientes paralelos?

En el fallo de la Cámara que revoca la decisión de Cadierno, la jueza María del Carmen Álvarez deja en claro que al avalar una medida "innovativa", como una cautelar, se "exhibe una gravedad mayor: se está adelantando partes o todo de aquello que será objeto de la pretensión principal". Es decir, que al hacer lugar a la cautelar del casino se está adelantando un fallo del conflicto de fondo. "No se advierte con absoluta certeza la irreparabilidad del perjuicio que la administración provincial pudiera ocasionarle" al Casino, que de acuerdo con la magistrada "no
acreditó debida y suficientemente los perjuicios invocados respecto de las personas que trabajan en el casino".