Escándalo en loteos de Funes

Las disputas entre desarrolladores y las administraciones públicas vienen desde hace mucho tiempo pero recrudecieron a partir de diciembre de 2012, cuando comenzaron una campaña para no cumplimentar un requerimiento anterior a los ambientales y que es obligatoria de todas las urbanizaciones que se realicen en Funes. La Ordenanza 288/85 del Plan Regulador establece que el 7 % de la superficie a urbanizar se tiene que dejar a favor de la ciudad de Funes en tierras, dinero y/o obras.

Para el caso de Funes City y Funes Town, el Concejo Municipal, por intermedio de ordenanzas (851/2013 y 858/2013), definió que el 7% de la superficie urbanizada por estos emprendedores sea efectivizada a través de la construcción de 2 plantas de ósmosis inversa (POI) –una emplazada en cada urbanización– con tres módulos cada una para suministrar agua potable a 14.000 vecinos y a los propios vecinos que habitarían esos emprendimientos. En el caso de Funes City, 1810 conexiones; 729 para Funes Town.

Las obras de construcción de las POI debieron comenzar en mayo de este año, pero nunca lo hicieron. Ante la demora, el Municipio y el Concejo consultaron a la empresa Aguas Santafesinas S.A. si Gilli Inmobiliaria, administradora de los Fideicomisos Funes City y Funes Town, había presentado los proyectos ejecutivos para la construcción de las POI; y dieron con la sorpresa de que los proyectos nunca habían sido presentados.

Gilli Inmobiliaria al mes de septiembre todavía no tiene un proyecto aprobado por ASSA para la ejecución de las POI; no ha comenzado la obra, tampoco la ha garantizado y pretende exigir al Municipio que de todos modos envíe los planos de los loteos para su escrituración al SCIT, pese a estar en contra de las normativas 288/85 y las ordenanzas especificas 851 y 858 que determinaron la obligación de hacer la obra.

Según algunos propietarios, Gilli habría recurrido a un grupo de fiduciantes de City y Town, quienes están apurados para la escrituración dado a que fueron sorteados para ser beneficiarios de un crédito Procrear, para que inicien una campaña contra el Municipio de Funes, pidiendo que “se envíen los planos” y que se “termine con la burocracia”.

Desde el Municipio dicen que la empresa Gilli Inmobiliaria es la ideóloga de esta acción de poner la gente en contra del Municipio de Funes. “Son propietarios que quieren acceder a su crédito para construir su casa, cuando en realidad el Municipio se ve imposibilitado de hacerlo por el hecho de que éste no cumplimenta con la normativa vigente”, aseguró un funcionario.

Esto ha sido comprendido por gran parte de los fiduciarios del City y Town que tienen créditos Procrear. Pero no así por un grupo minúsculo que busca doblegar la responsabilidad municipal y, actuando directamente a favor del privado, pretende que se envíe los planos de los loteos al SCIT sin efectivizarse la reserva fiscal.

Se pudo saber que tal es la convivencia entre algunos compradores y el emprendedor privado, y que el mismo abogado que es apoderado de Gilli Inmobiliaria es quien defiende a los fiduciarios en las denuncias penales que tienen por amenazas e intimidaciones a la intendenta Mónica Tomei y a su secretario de Gobierno, Gonzalo Miranda Aguiar.

En el medio, hay 140 propietarios de lotes que montaron una carpa de protesta frente al Municipio para exigir que se acelere el trámite de la escrituración, ya que se les vence el plazo para acceder a los créditos Procrear para los que ya fueron preseleccionados, más allá del pedido de prórroga que hizo la intendenta ante el Banco Hipotecario.

Esta situación muestra a las claras las precauciones que deben tener los Municipios a la hora de habilitar nuevos loteos, pues la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de los emprendedores, la venta apresurada de estos a gente que necesita acceder a la vivienda combinada con el acceso a un crédito como el Procrear, más el incumplimiento de las normas medio ambientales trae consecuencias muy negativas para los compradores de buena fe y para la infraestructura de las ciudades.