La disposición que dio a conocer la Agencia Nacional de Seguridad Vial modifica las normas de evaluar a los conductores. La medida rige en la ciudad de Santa Fe desde el año 2000, y según estadísticas de una ONG las personas con discapacidad auditiva no ocasionaron accidentes de tránsito.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) difundió el pasado miércoles que todas las personas sordas del país podrán tramitar la licencia de conducir. La medida modificó los baremos –normas de evaluación–. En la ciudad de Santa Fe la disposición rige desde el 2000.
En diálogo con el programa A Diario (Radio 2) que conduce Alberto Lotuf, el concejal santafesino Leandro González, quien impulsó la modificación a nivel nacional, explicó que las personas sordas deberán "adaptar" los espejos del vehículo que conducen. "Quien haga el trámite debe tener una buena aptitud visual", remarcó.
El concejal dijo que la disposición nacional modificará la manera de realizar los exámenes que hacen las personas que tramitan el carné. "Cambian las formas de evaluación, que iban contra la ley nacional de tránsito que sí incluye a los sordos en su artículo 14. Esto cambia la manera de hacer el examen psicofísico por ejemplo, porque iba en contra de ese artículo y de esa ley", comentó.
Consultado por la aptitud de las personas sordas para conducir, el edil manifestó que en la ciudad de Santa Fe la normativa rige desde el 2000 y hasta la fecha "no hubo accidentes ocasionados" por conductores con problemas de audición, según datos brindados por la Asociación de Sordos de esa localidad (Asorsafe). "La mayor cantidad de siniestros viales son causados por personas que manejan hablando por teléfono o que van escuchando la radio, lo que no les permite tener concentrados sus sentidos en la conducción", remarcó.
González advirtió que en Rosario la postura del Colegio de Médicos es "flexible", por lo que ya se otorgaron algunas licencias de conducir a personas con problemas auditivos.
El establecimiento penitenciario está proyectado y pensando para poder enfrentar las crecientes demandas del sistema de justicia penal y fortalecer la lucha con el crimen organizado.