Imputan el martes al ex ministro Sain por licitación trunca para la compra de armas

El ex ministro Marcelo Sain fue citado a audiencia imputativa para el martes próximo en la causa que se lo investiga junto a otros ex funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial por una licitación para la compra de armas para la Policía de Santa Fe.

Sain no fue el único ex funcionario provincial al que citaron para comparecer. También lo fueron el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa Maximiliano Novas y el ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la policía provincial, Marcelo Correa.

No se tratará de una audiencia oral y pública como pretendían desde el arco opositor al gobierno provincial. En una reciente resolución, el juez Nicolás Falkenberg determinó que al llegar los investigados en libertad, el trámite se llevará adelante en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

Funcionarios de la Fiscalía Regional Santa Fe incautaron a principios de julio pasado documentación vinculada con dos licitaciones que encabezó el entonces ministro Marcelo Sain y que están cuestionadas ante la Justicia, de armamento y motos para la Policía. El procedimiento había estado a cargo de la fiscal Mariela Jiménez, en las oficinas del Ministerio de Seguridad en la capital provincial.

La funcionaria del MPA secuestró el expediente de la licitación de armamento por 1.400 millones de pesos, objetado por diputados opositores, y también el de motos por un valor de 370 millones de pesos. En febrero del año pasado, la Justicia había frenado una licitación para la adquisición de un lote de armas de fuego que tenían como destino la Policía de Santa Fe: se licitó la compra de armas como unidad indivisible, de distintas características, sin permitir la cotización ni la competencia por rubros.

La firma Bersa, que produce pistolas, se sintió excluida y consiguió una cautelar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1 de Tribunales de Santa Fe, en el proceso para la adquisición de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotirador y 6 fusiles para francotirador de cerrojo manual.

A partir del freno impuesto por la Justicia sobre la licitación, el ministerio de Seguridad provincial había expuesto los argumentos por los que licitó la compra de armas como unidad indivisible, de distintas características, sin permitir la cotización ni la competencia por rubros.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1 hizo lugar una serie de planteos que realizó la firma Bersa, que produce pistolas semiautomáticas a nivel nacional y la cual ya había participado en otros procesos licitatorios abiertos por el Estado provincial.

La apertura de sobres de licitación estaba prevista realizarse el 5 de febrero de 2021. Pero todo se truncó cuando Bersa interpuso un amparo tras argumentar que la licitación provincial “vulnera el derecho de poder participar” y que “no sólo restringe en forma irregular y arbitraria la participación de posibles oferentes en el procedimiento vulnerando los principios de igualdad, concurrencia, competencia y transparencia, sino que también permite anticipar que la licitación será adjudicada a la única oferente que puede aportar los productos que cumplen en forma precisa las especificaciones técnicas”.