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El Tribunal Federal dictó condena contra uno de los organizadores del evento Punta Stage, que tuvo lugar en Arroyo Seco en la madrugada del 1º de enero de 2017. La sentencia fue de cuatro años y medio de prisión efectiva por facilitar la venta de drogas durante la fiesta.
Después de más de siete años de lo ocurrido, la Justicia resolvió el caso Punta Stage con una condena firme contra Alan Van Brook, quien fue señalado como uno de los responsables principales de la fiesta electrónica que se llevó a cabo en un predio ubicado junto a la autopista en nuestra ciudad.
El tribunal consideró que existían elementos probatorios suficientes que lo vinculaban con la comercialización de drogas sintéticas en el lugar, a través de una conversación que mantuvo con una mujer —condenada luego en otra causa— en la que se hacía alusión a la venta de estupefacientes en el evento.
Si bien había otras tres personas imputadas, entre ellas el exintendente de Arroyo Seco, todas fueron absueltas por falta de pruebas que acreditaran su participación directa en el delito investigado. La condena fue celebrada por la querella como un avance importante, ya que la Justicia reconoció que en la fiesta existió venta ilegal de drogas, lo que fue el eje de la acusación.
Punta Stage reunió a más de 4.000 personas en un predio que originalmente estaba habilitado para solo 1800. Jóvenes de diversas localidades, incluidos muchos provenientes de Rosario, asistieron al evento de fin de año que terminó en tragedia, con personas intoxicadas y fallecidas.
Durante la investigación judicial se llevaron a cabo allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares que permitieron ampliar la causa y vincular a otros responsables en la cadena de distribución de estupefacientes.
Además del aspecto penal, el caso puso en evidencia la ausencia de controles adecuados en eventos masivos: no había disponibilidad de agua potable ni personal médico suficiente para atender emergencias, una falencia grave tratándose de una fiesta electrónica.
El fallo marca un precedente en cuanto a la responsabilidad de los organizadores de este tipo de eventos y vuelve a instalar en la agenda pública la necesidad de revisar las condiciones de seguridad, habilitaciones y fiscalización municipal para evitar que hechos similares se repitan.
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