Alejo Milanesi, de 20 años, y Juan Pedro Guarino, de 19, son los dos de los ochos rugbiers acusados por el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa que podrían recuperar la libertad. Así lo solicitó la fiscal Verónica Zamboni al juez de garantías David Mancinelli, que también pidió prisión preventiva para ocho de los acusados, detenidos en el penal de Dolores por el delito de homicidio agravado.
En un escrito de 250 páginas al que accedió Infobae, Zamboni argumentó que existen elementos de convicción suficientes para considerar que Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi, Matías Franco Benicelli y Ayrton Michael Viollaz son responsables de los hechos objeto de investigación.
Sin embargo, en el caso de Guarino y Milanesi, a pesar de que está probado que se encontraban en Villa Gesell y junto con el resto del grupo esa noche, no se encontraron hasta el momento elementos suficientes para ubicarlos en el lugar del hecho y que por lo tanto “entiende que debe cesar la medida de coerción personal que pesa sobre ellos, en relación a la conducta endilgada en autos; dado que toda duda en el proceso debe ser valorada a favor de los imputados”.
El principal elemento que benefició a los dos jóvenes jugadores fue la falta de resultados positivos en las ruedas que ocurrieron a mediados del mes pasado. En el caso de Milanesi, entre la gran cantidad de testigos que participaron, ninguno pudo reconocerlo ni como agresor de la víctima, ni de ningún otro amigo de Fernando. Solo uno de ellos lo vió parado en las inmediaciones, sin participar en la golpiza.
Tras 448 días de detención arbitraria y desaparición forzada, el cabo primero de Gendarmería regresó al país gracias a gestiones diplomáticas y deportivas. Ahora, la presión del Gobierno nacional se concentra en lograr la libertad del abogado Germán Giuliani.
El Gobierno provincial lamentó la medida de fuerza de los gremios y convocó a las familias a estar presentes en las escuelas que abran sus puertas. El ministro Goity defendió la oferta salarial y aseguró que el objetivo es "garantizar el derecho a la educación".