El presidente impulsará el juicio político contra Rosatti

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que impulsará junto a los gobernadores un juicio político al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”, debido al dictado de una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre fondos para ese distrito.

“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti”, afirmó el mandatario a través de una carta que difundió la Casa Rosada.

Agregó que “también requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.

El conflicto está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

En su carta, Fernández asevero que “al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere”.

De esa manera, afirmó: “Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso nacional”.

Y sostuvo que es su deber “promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.

Además, Fernández afirmó que en los últimos meses se ha visto “un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina” y aseguró “diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia”.

“Los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado”.

La última semana, trascendieron presuntos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y el director general de vocalía de la Corte Suprema, Silvio Robles, donde discuten el fallo por coparticipación y la integración del Consejo de la Magistratura, entre otros temas.

Sobre estos chats, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, expresó que “no puede ser que Rosatti siga en la Corte. No puede seguir hasta que esto se resuelva. No sé si la palabra es obsceno o pornográfico. Esto es un escándalo sin precedentes y es muy grave para todo el país”.

El gobernador había considerado que los chats “muestran el manejo de los fallos judiciales y la connivencia” entre parte del Poder Judicial y funcionarios de Juntos por el Cambio (JxC).

“No me corresponde decirle a Rosatti que renuncie. Ya tendría que estar explicándole a la sociedad y a todos los poderes del Estado qué está pasando”, afirmaba Zamora.

En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof había sostenido que Rosatti “no puede seguir un minuto más a cargo de este tema después de este chat”, en referencia a la causa por la coparticipación.

En la carta publicada, Fernández comunicó que le ordenó al Ministro de Justicia, Martín Soria, que “promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese Estado autónomo”.

Entre los chats filtrados, también hay una conversación entre D’Alessandro y el empresario Marcelo Violante, que manejaba el servicio de grúas y acarreo de la Ciudad.

El pedido de enjuiciamiento a Rosatti debe ser presentado en la Cámara de Diputados que luego será analizado por la comisión de Juicio Político, que encabeza la legisladora del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, y luego si tiene dictamen se deberá aprobar la acusación con los dos tercios en el recinto de sesiones.

Hasta ahora no se han abierto a investigaciones los pedidos de juicio político debido a que ni el FdT ni JxC consigue alcanzar los dos tercios de los miembros presentes en la sesión por la extrema paridad que existe en la Cámara de Diputados.

El fallo de la Corte del 21 de diciembre, en el que dispuso que el gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, fue cuestionado desde el Poder Ejecutivo Nacional como por 18 mandatarios.

De todos modos, Fernández para cumplir esa cautelar propuso un pago en un bono para el 2031 que fue rechazado por Rodríguez Larreta.

Tras ese fallo, al día siguiente, Fernández mantuvo una reunión con 14 gobernadores, quienes en conjunto rechazaron la resolución del máximo tribunal.

En esa ocasión, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán había señalado: “Hoy salió un fallo injusto que hace trizas el federalismo y sale el jefe de la Ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta) diciendo que es un fallo histórico para la Argentina, mentira”.

En tanto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, había señaló que “el fallo de la Corte Suprema a favor de CABA en el reclamo por la coparticipación va en contra del federalismo y es inconstitucional, ya que Capital Federal no es una provincia”.

En la misma línea, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, había expresado que “el fallo de la CSJN sobre la devolución de fondos a CABA representa un golpe al federalismo”.

“Los gobernadores no fuimos escuchados y fueron desconocidas las facultades propias del Congreso de la Nación, en un claro conflicto de poderes. El federalismo es el pilar de esta Nación”, agregaba.

En ese sentido, Fernández afirmó en el comunicado difundido que en los últimos meses se ha visto “un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina” y aseguró que “diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia”.

Fuente: La Capital