"Se usará la fuerza necesaria y suficiente graduada en proporción a la resistencia"

El gobierno nacional presentó su “protocolo de mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” por protestas. Lo hizo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en una conferencia de prensa, luego de su reunión con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este jueves que las cuatro fuerzas federales del Estado estarán habilitadas por el nuevo protocolo de seguridad para intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que impidan, total o parcialmente, la circulación de los ciudadanos.

La funcionaria anunció en conferencia de prensa que la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), junto a integrantes del Servicio Penitenciario, aplicarán el contenido de la ley de flagrancia para liberar las vías de circulación. Los piquetes serán tomados así como “delitos in fraganti”, según explicó la funcionaria.

“Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan”, explicó Bullrich. El anuncio complementa lo establecido por el protocolo de seguridad que se comunicó durante la mañana, que busca dar un marco para organizar el cuidado de la vía pública.

“Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso”, inició su exposición la titular de la cartera de Seguridad. “El propósito de este protocolo es cumplir la ley. Como dice el Presidente: ‘el que las hace las paga’”, agregó.

“Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto, que ha hecho que la gente no haya podido llegar a sus trabajos, pierden horas de trabajo, presentismos, hay problemas con ambulancias que no llegan a tiempo; y es hora de terminar con esta metodología que lo que hace es generar desorden absoluto”, afirmó la ministra.

El detalle de las medidas

“Si hay un delito observado in fraganti en zonas federales, van a intervenir, en flagrancia, de manera inmediata, las fuerzas federales, mientras que las fuerzas provinciales actuarán en las zonas de sus competencias, para tener un verdadero trabajo en común”, dijo la ministra.

Además, agregó que no se tendrá en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. “Si se corta la vía principal, se liberará la vía principal, hasta dejar liberado el espacio de circulación, para lo cual se empleará la mínima fuerza necesaria y suficiente graduada en proporción a la resistencia”.

Se identificará a los vehículos involucrados y a sus conductores; se registrarán infracciones existentes, además de incautar vehículos que no estén bajo normas de tránsito, se incautarán los elementos como palos y otros portados por los manifestantes, además de aquellos que sean utilizados para no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad.

Los informes se remitirán a las autoridades de aplicación correspondientes y se notificará a los sindicatos u organizaciones que estén bloqueando una empresa, a las cuales se responsabilizará no sólo del daño ambiental que pudieran causar con la quema de cubiertas, sino también de los costos vinculados a los operativos. “Se enviará factura a las organizaciones o individuos responsables, porque no será el estado quien se encargue de solventar ese costo”, aseguró la ministra.

En cuanto a la participación de niños y adolescentes en las manifestaciones, se dará aviso a la autoridad competente y se aplicarán sanciones a madres y padres que lleven niños que deberían estar, en ese momento, en las escuelas.

En relación con la participación de extranjeros con residencia provisoria en las manifestaciones, se dará información a la Dirección Nacional de Migraciones”, señaló Bullrich.

Reunión con Pullaro

Antes de la presentación del protocolo, Bullrich se reunirá con Pullaro en su despacho del ministerio en avenida General Gelly y Obes, en pleno barrio porteño de Recoleta. El encuentro a es las 15.30 y fue a propuesta de la propia ministra luego de los mensajes intimidatorios que le dejaron al gobernador en el ataque armado al hospital de Emergencias Clemente Álvarez y en una sede bancaria de zona sur el miércoles pasado.