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El momento en que le confeccionan el acta de infracción
Transcurridos más de dos meses desde que se labró el acta de infracción, la directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Arroyo Seco, Natalia Spadoni, aún no abonó la multa correspondiente, cuyo valor asciende a 26.000 pesos y tiene vencimiento el 30 de este mes. De no hacerlo en término, el monto se duplicará.
El caso, que tomó estado público semanas atrás por el maltrato ejercido contra una inspectora de tránsito municipal, continúa sin resolverse y expone la falta de responsabilidad institucional por parte de la funcionaria.
El episodio se produjo cuando Spadoni se encontraba mal estacionada en doble fila frente a la Escuela Santa María Goretti. La agente municipal, al advertir la falta, le labró un acta, lo que habría desencadenado la reacción violenta de la funcionaria. Testigos señalaron que la directora exigió de manera agresiva el nombre y legajo de la trabajadora, en una clara actitud de hostigamiento.
Paradójicamente, Spadoni, quien además está a cargo del Punto Violeta, espacio que promueve los derechos y la protección de las mujeres, fue denunciada por maltratar a una empleada municipal en plena vía pública.
Pese a que la inspectora afectada presentó un escrito ante las autoridades competentes, no obtuvo respuesta alguna. Por su parte, el acta de infracción demoró varios días en llegar al Tribunal de Faltas Municipal, donde debía ser evaluada.
La funcionaria tampoco se presentó voluntariamente para dar explicaciones ni abonó la sanción, actitud que refuerza el descrédito y la indignación que genera el episodio.
Este no es el primer antecedente que involucra a Spadoni en situaciones de abuso o maltrato. Se recuerda que meses atrás su automóvil fue retenido por personal policial y remitido al corralón municipal, luego de que su hijo, menor de edad y sin licencia, fuera sorprendido conduciendo el vehículo.
En aquella oportunidad, Spadoni también reaccionó de manera inapropiada, exigiendo “nombres y apellidos” a los inspectores que participaron del operativo e intentando utilizar su cargo para evitar la sanción.
La reiteración de estos comportamientos genera malestar dentro del propio ámbito municipal, donde crece el reclamo para que quienes ocupan cargos públicos asuman sus responsabilidades con el ejemplo.
Mientras tanto, el reloj corre: si la funcionaria no paga la multa antes del 30, el monto ascenderá a 52.000 pesos, sumando otro capítulo a una serie de episodios que erosionan la credibilidad de la gestión local.
