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Tras la difusión de un audio que se conoció hace poco más de un mes, el cual compromete a la Dirección de Tránsito municipal por un presunto uso indebido del servicio de grúas, la jueza del Tribunal de Faltas, Julia Acosta, se refirió al tema y dejó en claro cuáles son los procedimientos establecidos.
El caso salió a la luz luego de que se conociera un registro en el que se habría autorizado el traslado de un vehículo particular hacia un taller mecánico, una práctica que generó cuestionamientos y sospechas de irregularidades. Según trascendió, el propio funcionario Carlos Márquez reconoció haber dado esa autorización, argumentando que el vehículo había sufrido una avería y se corría riesgo al permanecer en la vía pública durante una noche de lluvia.
Consultada sobre esta situación, Acosta fue contundente al explicar que el servicio de grúa tiene un uso específico y limitado. “El servicio de grúa solo se da cuando un vehículo es remitido al corralón por el área de Control Urbano”, señaló, dejando en claro que no está contemplado el traslado a destinos particulares.
En ese sentido, detalló que cada intervención debe quedar asentada en un acta de infracción, donde se especifica que el vehículo es secuestrado y trasladado a un predio estatal, ya sea el corralón municipal o, en casos excepcionales, la comisaría. “Al único lugar donde se puede derivar es a un predio del Estado”, afirmó.
Además, remarcó que desde el juzgado no tienen registro de situaciones similares. “Nunca vimos ningún acta donde conste que la grúa haya hecho un acarreo a otro lugar”, sostuvo, al tiempo que aclaró que el organismo no intervino en este episodio puntual y que no existe documentación que respalde ese tipo de traslado.
La jueza también indicó que el juzgado es ajeno a este tipo de decisiones cuando no hay un acta formal que respalde la intervención. “Desconozco totalmente esta situación, en qué circunstancias se dio”, expresó.
El caso generó mayor controversia debido a que el vehículo involucrado pertenecería a un vecino de la jefa de Tránsito, Marisa Spina, lo que alimenta las sospechas sobre posibles tratos preferenciales.
Mientras tanto, desde el Concejo Municipal se había convocado a Márquez, quien pidió disculpas y asumió la responsabilidad del hecho, aunque hasta el momento no se conocieron sanciones ni medidas oficiales posteriores.
La situación vuelve a poner en debate el funcionamiento del sistema de Control Urbano y el uso de recursos públicos, especialmente en lo que respecta a la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes.
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