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Este medio tuvo acceso al escrito de impugnación presentado por Juan Pablo Bongiovanni, titular de la empresa local que quedó fuera de camino en la reciente licitación pública de hormigón (Nro 04/26). Se trata del mismo material técnico que el Concejo Municipal viene solicitando formalmente desde hace algunas semanas para echar luz sobre el proceso.
El eje del conflicto no pasa por cuestionar el acto licitatorio en sí, sino por la llamativa falta de pruebas y argumentos técnicos que justificaran dejar de lado a la firma local, basándose únicamente en un escueto informe elaborado por el director de Obras Públicas, Lucas Landriel.
Los puntos clave del reclamo:
Derecho de preferencia ignorado: La empresa local ofertó un monto de $105.825.200,00, registrando apenas una diferencia del 1,60% respecto a su competidor ($104.162.896,37). Al ser una brecha menor al 5%, por las ordenanzas locales vigentes (Nros 1233/00 y 2873/20), le correspondía el derecho de preferencia por su condición de habitante y aportante de Arroyo Seco.
Un informe "sin pruebas": Según expone la firma, la Comisión de Adjudicación utilizó como elemento determinante un escrito genérico de Landriel sobre la calidad de
su servicio. La empresa denuncia que dicho texto no aporta mediciones, métodos de cálculo, pericias técnicas ni actas de inspección que demuestren de manera objetiva una falla, basándose solo en apreciaciones subjetivas.
Antecedentes que refutan la acusación: Desde la firma adjuntaron documentación de compras y remitos del año 2025 que prueban la provisión de 307 metros cúbicos de
hormigón a la propia Municipalidad cumplidos "en debido tiempo y forma", catalogando los dichos del funcionario como una "injuria gravísima" hacia el buen nombre de una empresa familiar de la ciudad.
Pedido de nulidad y sumario
Ante lo que consideran una decisión arbitraria e insuficientemente motivada, la empresa solicitó la impugnación y nulidad absoluta del resultado licitatorio.
Además, exigieron la apertura de un sumario administrativo para investigar el accionar del emisor del informe, advirtiendo que, de no retrotraerse la medida, recurrirán a las herramientas legales correspondientes por los delitos de falsedad de instrumento público y mala administración de los fondos públicos.
La fuerte denuncia en el Concejo por el desvío de un camino hacia el emprendimiento de un funcionario
