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La investigación se había iniciado en marzo, luego de que una residente denunciara un presunto abuso por parte de uno de los choferes de la institución. El trabajador había sido apartado preventivamente y el Cotolengo realizó una denuncia ante la Justicia. El pasado 29 de agosto, la Fiscalía resolvió desestimar las actuaciones por falta de elementos suficientes de prueba.
El caso había trascendido públicamente en marzo pasado, cuando una residente del Cotolengo Don Orione de General Lagos denunció un presunto abuso por parte de uno de los choferes de la institución. Ante la situación, el trabajador fue apartado preventivamente de sus funciones mientras se desarrollaba la investigación judicial.
Días atrás, la Fiscalía interviniente resolvió desestimar la denuncia, al considerar que no existían elementos suficientes de prueba para avanzar con una causa. A partir de esa resolución, el empleado fue restituido a sus tareas habituales.
La decisión fue comunicada internamente por el sacerdote Aníbal Quebedo, responsable legal del Cotolengo de General Lagos, quien explicó que la institución actuó desde el primer momento de acuerdo con sus protocolos de protección.
“En su momento, y conforme a nuestro compromiso con el cuidado de las personas residentes y los protocolos institucionales, se dio intervención preventiva a las instancias judiciales pertinentes ante una situación que requería esclarecimiento”, expresó Quebedo en un comunicado interno entregado a los trabajadores.
En el mismo documento, el sacerdote informó que, una vez concluidas las actuaciones, la Fiscalía dispuso la desestimación de la causa: “Habiéndose completado las actuaciones, la Fiscalía interviniente dispuso la desestimación de la causa, concluyendo formalmente el proceso. Por lo tanto, corresponde su plena restitución laboral”, señaló.
La denuncia y el apartamiento preventivo
Por su parte, la directora de la institución, Daniela Barbosa, confirmó ante la consulta de este medio que el Cotolengo activó sus protocolos internos inmediatamente después de tomar conocimiento de la situación.
Según explicó, a comienzos de marzo, la institución tomó conocimiento de la denuncia, apartó preventivamente al trabajador y posteriormente realizó la presentación formal ante la Justicia: “El día 11 de marzo de 2026, realizó formalmente la denuncia ante la Justicia para que se investigaran los hechos”, precisó Barbosa.
La directora también indicó que las actuaciones judiciales finalizaron el 29 de agosto de 2026, cuando la autoridad competente resolvió desestimar el caso ante la falta de elementos suficientes de prueba para abrir una causa.
La institución evitó realizar declaraciones públicas
Consultada por este medio sobre el resultado de la investigación, Barbosa señaló que la institución decidió mantener reserva sobre el episodio: “En esta oportunidad, desde la institución hemos decidido no realizar declaraciones públicas ni brindar entrevistas sobre esta
situación, por respeto a las personas involucradas y a los procedimientos que oportunamente se llevaron adelante”, manifestó.
De esta manera, tras varios meses de investigación y luego de la resolución de la Fiscalía, el trabajador fue restituido a sus funciones dentro del Cotolengo Don Orione, quedando sin efecto el apartamiento preventivo dispuesto al momento de conocerse la denuncia.
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