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Cayó en Alvear con sólo dos de las 14 armas que tenía registradas: sospechan que las vendió al mercado negro

Se trata de un vecino de la localidad de Alvear que al ser allanado se resistió y rozó de bala a un policía. La fiscalía sospecha que desvió gran parte de su armamento en forma ilícita, en una maniobra similar a otras ya detectadas en una causa por “compras de paja” o prestanombres

Imagen de Cayó en Alvear con sólo dos de las 14 armas que tenía registradas: sospechan que las vendió al mercado negro

Un vecino de la localidad de Alvear quedó en prisión preventiva por dos semanas, al ser imputado por desviar armas al mercado negro, según indicó el fiscal Gastón Ávila, del Equipo de Armas del Ministerio Público de la Acusación.

Javier Orlando S. (40) es un legítimo usuario que, en nueve años, adquirió 14 armas. Al momento de ser allanado solo tenía en su poder dos: una pistola 9 milímetros y una carabina .308, señaló la acusación ante la jueza Trinidad Chiabrera.

La faltante se constató durante un allanamiento realizado el pasado miércoles en un domicilio sobre la Ruta 21, en Alvear. Durante la irrupción del Grupo Táctico Multipropósito (GTM), Javier S. efectuó un disparo que rozó la rodilla de un efectivo, por lo que también fue imputado por resistencia a la autoridad.

El fiscal Ávila explicó que el acusado está registrado como legítimo usuario ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y posee a su nombre 14 armas de fuego.

Según los registros, nueve de esas armas fueron adquiridas el 22 de diciembre de 2023, y las otras cinco en distintos períodos entre 2016 y 2022.

A valores actuales, el fiscal estimó que ese arsenal está valuado en 8.812 dólares o su equivalente en moneda local, poco más de 10 millones de pesos. Del total, nueve corresponden a pistolas semiautomáticas calibre 9 mm, y las cinco restantes son armas largas: una carabina de repetición calibre .308, una carabina semiautomática deportiva calibre .22, un fusil de tiro a tiro calibre 30-06 Springfield y una escopeta de tiro a tiro.

En 2016, el imputado también había adquirido una pistola Taurus calibre .40, sobre la cual pesa un pedido de secuestro vigente ante Anmac.

Todas las operaciones de compra fueron realizadas mediante transferencias efectuadas por legítimos usuarios.

En particular, en diciembre de 2023, el imputado adquirió nueve pistolas semiautomáticas calibre 9 mm mediante una transferencia de un familiar, también registrado como legítimo usuario.

De las trece armas que debía tener en su poder –descontando la que tiene pedido de secuestro–, únicamente se hallaron dos en su vivienda: la carabina y la pistola 9 milímetros.

La teoría del fiscal Ávila es que las once armas restantes fueron entregadas de forma indebida a personas que no revisten la calidad de legítimos usuarios, es decir, al mercado negro.

En cambio, el imputado pidió la palabra y afirmó que sufrió el robo del armamento, pero no se animó a denunciar. "Las había comprado como inversión y método de ahorro", sostuvo.

La jueza Chiabrera tuvo por formalizada imputativa dictando la prisión preventiva efectiva con vencimiento el 16 de junio próximo por provisión ilegal de armas de fuego con habitualidad y resistencia contra la autoridad agravado.

¿Prestanombre?

El caso de Javier S. parecería ser un capítulo más de una causa voluminosa iniciada el año pasado, centrada en el fenómeno de las "compras de paja" (straw purchase) de armamento, una práctica muy extendida en Estados Unidos. Se determinó que usuarios legales adquirían armas de fuego para luego revenderlas en el circuito ilegal.

En octubre, doce personas –"prestanombres"– con un total de 210 armas en su poder fueron imputadas por provisión ilegal de armamento con habitualidad, en calidad de autores.

“Realizamos allanamientos para recuperar ese armamento, pero de las más de 200 armas que esperábamos encontrar, solo hallamos dos”, dijo entonces el fiscal Ávila.

Dos meses después se produjeron más detenciones, que derivaron en una causa por asociación ilícita.

Por ese legajo penal, un médico psiquiatra y un instructor de tiro de Rosario ya fueron condenados a tres años de prisión condicional, acusados de haber hecho la vista gorda ante los requisitos exigidos por Anmac para declarar apta a una persona que pretendía obtener el carné de legítimo usuario.

Fuente: Rosario3

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