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Tras los ocho allanamientos realizados el miércoles, la Justicia imputó a tres docentes y tres auxiliares por hechos de violencia ocurridos entre abril y diciembre de 2025.
En el marco de la causa que investiga hechos de violencia contra niños y niñas que asistían al jardín maternal Manitos a la Obra, este viernes 23 de enero de 2026 se llevó adelante en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución la audiencia imputativa contra seis mujeres, sin que se dispusieran detenciones.
Las imputadas fueron identificadas como P.D., M.F., M.C., V.M., L.R. y A.P., a quienes se les atribuye el delito de lesiones leves dolosas, en concurso real, por tratarse de hechos independientes entre sí. La audiencia fue presidida por el juez de Primera Instancia Eugenio Romanini, quien tuvo por formalizada la imputación y resolvió hacer lugar a lo solicitado por la Fiscalía.
En ese marco, el magistrado dispuso medidas no privativas de la libertad e impuso a las seis imputadas reglas de conducta por el plazo de 90 días. Entre ellas, se estableció la fijación de domicilio, la presentación de fianza real o personal, la prohibición de salida del país, la obligación de firmar cada quince días en la Oficina de Gestión Judicial, y la prohibición absoluta de contacto —por cualquier medio— con las víctimas y sus familias, además de una restricción de acercamiento en un radio de 200 metros.
Durante la audiencia, el fiscal Ramiro Martínez atribuyó un total de nueve hechos ocurridos entre abril y diciembre de 2025 dentro de un establecimiento educativo de nivel inicial de la ciudad. Según la acusación, P.D., M.F. y M.C., en su rol de docentes y corresponsables, junto a V.M., auxiliar docente, habrían ejercido en distintas oportunidades violencia física y psicológica contra nueve menores de edad, provocándoles un menoscabo físico y emocional.
Los hechos se habrían producido en un ámbito donde los niños se encontraban bajo cuidado institucional, un espacio que debía garantizar su protección, contención y resguardo integral. En tanto, a L.R. y A.P., también auxiliares docentes, se les endilga que, encontrándose en una posición funcional y de responsabilidad, presenciaron o estaban en condiciones de advertir las situaciones de violencia y no las denunciaron de manera inmediata.
Desde el Ministerio Público de la Acusación se indicó que los detalles sobre la mecánica de los hechos se mantienen bajo reserva, con el objetivo de preservar la integridad y el bienestar de los menores involucrados.
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