La menor de 13 años apareció muerta con un balazo en la cabeza, el 17 de febrero pasado en la localidad bonaerense de El Talar de Pacheco. La madre de la adolescente fue quien le comentó la verdadera noticia
Los investigadores precisaron que el cuerpo de la chica fue hallado con un disparo en la cabeza en una vivienda ubicada en Paraguay al 2000, del barrio La Paloma, de la localidad bonaerense de El Talar de Pacheco, partido de Tigre.
Al lado de la víctima se halló un arma de fuego, identificada por la Policía Científica de la Bonaerense como un revólver calibre 32 largo sin marca visible serie 2534 con un proyectil intacto en el tambor y una vaina servida del mismo calibre.
La noticia del suicidio fue confirmada ayer, una vez que se realizó la autopsia correspondiente. La denuncia fue realizada por familiares de la víctima en la Fiscalía número 6 de San Isidro, a cargo de Diego Molina Pico.
Este domingo, un hombre advirtió sobre la presencia de los restos óseos cuando pescaba y avisó a la Policía. Intervino personal de Prefectura Naval, Bomberos Zapadores y un buzo táctico. La Fiscalía de Homicidios Dolosos investiga su procedencia
La fiscal Noelia Navone habló en la escena atroz junto al río, donde todo indica que se produjo un femicidio seguido de suicidio. Los dos cuerpos fueron encontrados dentro de un auto prendido fuego: “Estaban calcinados”, describió la funcionaria judicial
El acusado, de 30 años, habría golpeado, amenazado y privado de la libertad a su pareja durante un violento episodio ocurrido el 23 de agosto. La Justicia dispuso su prisión preventiva hasta el 2 de octubre.
Fue este miércoles, en la ciudad del centro de la provincia de Santa Fe. Aunque falta confirmación oficial, en principio falleció por asfixia. Testimonios de maltratos contra el pequeño abonan la hipótesis fiscal inicial
Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la Policía entrerriana, quedó detenido este miércoles en el marco de una investigación por narcotráfico. La camioneta utilizada para transportar el cargamento habría sido provista por el funcionario. La Justicia busca determinar qué grado de participación tuvo y qué sabía sobre el uso del vehículo