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Después de los operativos de allanamiento a distintas comisarías y los elementos reunidos en la causa que lleva adelante la justicia federal, acusan a los policías de tener vínculos con bandas de narcotraficantes.
Un día después de que se realizaran, por orden de la Justicia Federal, diez allanamientos en comisarías y dependencias policiales de Rosario y de localidades cercanas, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe decidió relevar a los cuatro policías que, a las órdenes del comisario principal Juan José Castañeda, comandaban la Brigada Operativa de Drogas Peligrosas de Rosario
L a medida se tomó en el marco de una causa por narcotráfico que está a cargo del juez federal Carlos Vera Barros, que ordenó -tras una extensa investigación que llevó adelante la Secretaría de Delitos Complejos de la provincia- 30 allanamientos el sábado pasado en búnkeres situados en Rosario y en localidades como Pérez, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Arroyo Seco.
El encargado de estos puntos de venta era, según se desprende de la causa, Walter Rivero, un hombre cuyo historial delictivo nunca estuvo vinculado al tráfico de estupefacientes, sino a la reducción de autopartes robadas.
Rivero fue detenido el sábado último, junto con su mujer en Pérez, cerca de un búnker que tenía como particularidad un mangrullo, desde donde un soldadito controlaba los movimientos de la zona.
En ese operativo diseñado por el Ministerio de Seguridad provincial, y del que participaron 350 efectivos de la policía provincial y Gendarmería, fueron detenidas 29 personas, entre ellas, un preso que cumplía un rol primordial en esta red de venta de estupefacientes, como era la provisión de la droga.
Carlos "Betito" Godoy, preso en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario, por el crimen del barrabrava de Newell's Roberto Camino, era quien con un teléfono celular hacía la logística del grupo.
Después de estos 30 allanamientos, le siguieron anteayer una decena de requisas en diez dependencias de la policía.
Según explicaron fuentes de la Justicia Federal, una serie de escuchas telefónicas a Rivero determinaron que la banda actuaba con una aceitada complicidad de efectivos policiales.
Los oficios dictados por el fuero federal a la Secretaría de Delitos Complejos ordenaban la búsqueda de información, como libros de guardia y recorridos de patrulleros registrados en los GPS, para reunir material y probar la presunta complicidad de efectivos policiales con los narcos.
Se recolectó material en la sede del Comando Radioeléctrico, en la comisaría 22ª de Pérez, en las seccionales 13ª y 15ª de Rosario, en la Brigada Operativa Departamental 2 de la ex Drogas Peligrosas y en el centro de atención del 911. También se requisaron las comisarías 27ª de Arroyo Seco, 4ª de Fray Luis Beltrán y 2ª de Capitán Bermúdez.
Por estas diligencias ordenadas por la Justicia Federal y las sospechas que empezaron a surgir sobre la vinculación policial, el Ministerio de Seguridad decidió apartar a los encargados de la Brigada Operativa de Drogas de Rosario, cuya conducción estaba a cargo del comisario principal Castañeda. Los uniformados no tendrán destino hasta tanto finalice la investigación judicial.
En la cartera a cargo de Raúl Lamberto destacaron que los cambios se dan en el marco de un proceso de reestructuración de la fuerza.
El jefe policial habló de los incidentes el domingo pasado en la vía pública y de los controles a implementar este fin de semana, del allanamiento que se registró en la Seccional 27ma, de la reunión que mantuvo con autoridades locales en el Concejo y de otros tantos temas.
Por orden de la Justicia Federal allanaron comisarías, la brigada de Drogas y el 911 de Rosario. El operativo está vinculado a las acciones que realizaron el fin de semana, que incluyeron otros 30 allanamientos simultáneos en el sur provincial.
