La Justicia condenó a tres policías santafesinos, quienes prestaban servicio en la guardia rural Los Pumas, por pedir coima a un transportista en rutas del sur de la provincia. En concreto, reclamaron diez mil pesos al conductor de un camión que se había quedado al costado del camino por un desperfecto mecánico: le aseguraron que tenía una infracción y le plantearon que no sabían si su carga era robada. El hombre estuvo "secuestrado" durante más de un día mientras se realizaban las tratativas de pago. El hecho se descubrió gracias a que el responsable de la empresa, quien se mostró conforme a realizar la transacción para poder seguir viaje, dio aviso a la policía.
En el primer juicio oral del año en Villa Constitución, la jueza penal de primera instancia Liliana Genovese condenó a 7 años de prisión a Gonzalo Martín Pallavidini, por los delitos de extorsión en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, otorgó 6 años de prisión a Cristian Rubén Ortíz y a Pablo Daniel Pinto, por los delitos de extorsión en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y se absolvió a un cuarto uniformado. Lo hizo tras analizar las pruebas presentadas por la fiscal Valeria Pedrana
El episodio en cuestión ocurrió el 15 de mayo de 2014, a las 17.30, en la zona donde se cruzan la ruta nacional 178 y el acceso 10 S. El conductor de un camión marca Scania detuvo su marcha a raíz de un desperfecto técnico y poco después llegaron al lugar integrantes de la guardia rural Los Pumas en una camioneta.
Según consta en documentos judiciales, los oficiales Pinto y Ortiz le pidieron al chofer la documentación del vehículo y la carga. Luego le pidieron hablar con alguien de la empresa. Llegó entonces el encargado de la compañía, a quien los policías le informaron que el camión debía ser trasladado a Peyrano por orden del jefe de la repartición. El encargado de la empresa se trasladó junto a Pinto al destacamento de Los Pumas en Peyrano y el conductor se quedó en el lugar con Ortiz.
El encargado de la empresa se reunió luego con Pallavidini y, en presencia de Pinto, le digo al encargado de la empresa que tenían una infracción y que no sabían si la mercadería era robada. Le dijo que si querían liberar el camión debían darle el 20% de lo que valía la carga (entre 15.000 y 16.000 pesos), y que ese día eran veinte, pero al día siguiente al mediodía era el 30%.
En la madrugada del día siguiente, cuando el encargado de la empresa intentó llevar al conductor del camión hasta una estación de servicio para que comiera y pudiera bañarse, Pinto y Ortiz se lo impidieron y le dijeron que el chofer no podía abandonar la zona hasta tanto se resolviera el tema de la plata que les había pedido el "jefe".
Quedó registrado que eurante el transcurso de ese día, el encargado de la empresa y el dueño mantuvieron diversas comunicaciones telefónicas con Pinto y Pallavidini, quienes en todas las oportunidades les manifestaron que una vez que se efectuara la entrega del dinero, el camión y la carga quedarían liberados y podrían seguir circulando sin problema por la región.
El encargado de la empresa entregó el dinero a Pinto en el destacamento de Los Pumas de Peyrano. Fueron 10 mil pesos, conforme lo ordenado por Pallavidini. Dado que el responsable de la compañía había hecho denuncia policial, la entrega fue monitoreada por Asuntos Internos (Delegación Zona Sur) y por la fiscal.
Conforme la teoría del caso de la fiscalía, "los acusados participaron en las maniobras, con una clara división de la tarea delictiva, donde la participación de cada uno, resultó fundamental a los fines de cumplir con la maniobra ilícita pergeñada, de la cual ninguno de ellos era ajeno, sabiendo claramente todos los involucrados las circunstancias de los hechos y la mecánica de los mismos".
Ortiz y Pinto fueron los encargados de custodiar el camión y al conductor, quien estuvo "retenido" desde el 15 de mayo de 2014 a las 17.30 hasta las últimas horas del 16 de mayo, cuando el móvil de Los Pumas se retiró del lugar donde él se encontraba. Pinto, además, fue el encargado de recibir el dinero en efectivo por parte del encargado de la empresa, en el destacamento de Los Pumas de Peyrano, todo ello en virtud de las órdenes de Pallavidini. Cabe destacar que, pese a la rápida actuación policial, sólo pudieron recuperarse 3 mil pesos de los 10 mil entregados.
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Claudina se presentó en el Instituto Médico Legal para reconocer el cuerpo de su hija. "No puede seguir pasando esto, ni en San Lorenzo ni ninguna otra parte del país. Basta”, dijo.
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Se trata de Kevin Leonardo Ayala, quien además está investigado como posible partícipe en el homicidio del policía Andrés Farías, que tuvo lugar el pasado 27 septiembre en Fisherton. Al momento de ser acusado en Rosario tenía la llave de unas esposas en su ropa interior