Seguinos en 
muy nuboso
23°C
23°C
23°C
Los docentes de escuelas públicas y privadas de la provincia acordaron incrementos salariales y están listos para iniciar las clases el miércoles, pero a condición de que la CTERA no lleve adelante el paro de 48 horas anunciado para los días 5 y 6 de marzo.
Esa medida de fuerza estaba atada al encuentro que este lunes al mediodía iban a sostener representantes de CTERA y funcionarios del gobierno nacional como el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el ministro de Educación Alberto Sileoni y y el de Trabajo, Carlos Tomada. Pero esa reunión, en el marco de la paritaria docente, se postergó para mañana martes a las 18
Así, todo se definirá al límite. El secretario local del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Martín Lucero, explicó, que su gremio asistirá a la reunión. "La postura de Sadop es definir después de la reunión. Vamos a aplicar en Rosario lo que decida Sadop a nivel nacional", señaló.
Parecido criterio expresaron dirigentes de Amsafe, señalando que históricamente el gremio ha adherido a todas las medidas dispuestas por la CTERA en el orden nacional.
La titular de Amsafe provincial, Sonia Alesso, dijo esta mañana que dirigentes de la CTERA están haciendo gestiones para adelantar la reunión que el gobierno nacional postergó para mañana martes a las 18, para que sus resultados puedan ser difundidos y tanto docentes como padres y alumnos puedan saber a qué atenerse el miércoles.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
