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La Administración Federal de Ingresos Públicos dio a conocer un listado de 1200 empresas que están siendo investigadas. Dicen que se hizo este anuncio para desviar la atención del caso Lázaro Báez.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) dio a conocer un listado de 1.200 empresas investigadas por la utilización de "facturas apócrifas". En ámbitos políticos y empresariales descuentan de que se trató de una cortina de humo del gobierno para desviar la atención sobre las facturas truchas del empresario Lázaro Baéz, a quien se lo vincula con el matrimonio presidencial.
Con todo, el tema es que en ese lote aparecen importantes empresas de Santa Fe. ¿Cuáles son? Supermercados La Gallega, las aseguradoras San Cristóbal y La Segunda, la médica Omint, Servicios Portuarios (que opera las terminales VI y VII del puerto de Rosario), Agroservicios Humboldt, la aceitera Tanoni (Bombal), la alimenticia Regional Trade (Santa Fe), y la metalúrgica Lito Gonella (Esperanza).
Como no podía ser de otra manera, este tema estuvo toda la mañana en la comidilla de empresarios, abogados y contadores. El tema es que dentro de ese gigantesco lote de empresas que usaron facturas apócrifas no todo es lo mismo.
En efecto, es cierto que en algunos casos, las facturas truchas se usan para justificar gastos vinculado con la corrupción (pago de coimas) y evasión (reducir presión impositiva en IVA y Ganancias) en los que las empresas deliberadamente saben qué están haciendo.
Pero la mayoría de estos casos, según contaron a punto biz contadores que recorren diariamente los pasillos de la Afip, son de empresas que actuaron de buena fe y que al pedir las facturas por compras realizadas o servicios contratados éstas estaban debidamente aprobadas por el organismo recaudador. Lo que ocurrió es que cuando Afip, muchas veces años después, detecta irregularidades en esos CUIT, observa viejas facturas presentadas por las empresas, y les cae con todo exigiendo los pagos impositivos correspondientes.
En ese momento las empresas son las que tienen que hacer el gasto de demostrar que las presentaron de buena fe, ya que en su momento estaban aprobadas. No obstante igual siguen bajo investigación, le corren multas, recargos, punitorios y encima la exigencia del pago de IVA o Ganancias, según el caso, es retroactivo al primer comprobante encontrado y no al del momento de la fiscalización. Esto ocurre, sobre todo, en el sector agropecuario, y es muy criticado por las empresas y los especialistas ya que mete en un lote de empresas con conductas reprochables a aquellas que actuaron de buena fe ya que los CUITs estaban habilitados al hacer ellos las transacciones.
Incluso, en la conferencia de prensa de ayer, el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, señaló que la utilización de esas facturas no necesariamente significa una violación de las normas, porque “se dan casos en los que un empleado infiel puede utilizar facturas de otro”.
El Ministerio de Economía confirmó que ese martes se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a activos y pasivos de Santa Fe.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.
