Nueve empresas santafesinas investigadas por facturas falsas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) dio a conocer un listado de 1.200 empresas investigadas por la utilización de "facturas apócrifas". En ámbitos políticos y empresariales descuentan de que se trató de una cortina de humo del gobierno para desviar la atención sobre las facturas truchas del empresario Lázaro Baéz, a quien se lo vincula con el matrimonio presidencial.

Con todo, el tema es que en ese lote aparecen importantes empresas de Santa Fe. ¿Cuáles son? Supermercados La Gallega, las aseguradoras San Cristóbal y La Segunda, la médica Omint, Servicios Portuarios (que opera las terminales VI y VII del puerto de Rosario), Agroservicios Humboldt, la aceitera Tanoni (Bombal), la alimenticia Regional Trade (Santa Fe), y la metalúrgica Lito Gonella (Esperanza).

Como no podía ser de otra manera, este tema estuvo toda la mañana en la comidilla de empresarios, abogados y contadores. El tema es que dentro de ese gigantesco lote de empresas que usaron facturas apócrifas no todo es lo mismo.

En efecto, es cierto que en algunos casos, las facturas truchas se usan para justificar gastos vinculado con la corrupción (pago de coimas) y evasión (reducir presión impositiva en IVA y Ganancias) en los que las empresas deliberadamente saben qué están haciendo.

Pero la mayoría de estos casos, según contaron a punto biz contadores que recorren diariamente los pasillos de la Afip, son de empresas que actuaron de buena fe y que al pedir las facturas por compras realizadas o servicios contratados éstas estaban debidamente aprobadas por el organismo recaudador. Lo que ocurrió es que cuando Afip, muchas veces años después, detecta irregularidades en esos CUIT, observa viejas facturas presentadas por las empresas, y les cae con todo exigiendo los pagos impositivos correspondientes.

En ese momento las empresas son las que tienen que hacer el gasto de demostrar que las presentaron de buena fe, ya que en su momento estaban aprobadas. No obstante igual siguen bajo investigación, le corren multas, recargos, punitorios y encima la exigencia del pago de IVA o Ganancias, según el caso, es retroactivo al primer comprobante encontrado y no al del momento de la fiscalización. Esto ocurre, sobre todo, en el sector agropecuario, y es muy criticado por las empresas y los especialistas ya que mete en un lote de empresas con conductas reprochables a aquellas que actuaron de buena fe ya que los CUITs estaban habilitados al hacer ellos las transacciones.

Incluso, en la conferencia de prensa de ayer, el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, señaló que la utilización de esas facturas no necesariamente significa una violación de las normas, porque “se dan casos en los que un empleado infiel puede utilizar facturas de otro”.

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