El secretario de Hábitat, Gustavo Leone, dijo que se decidió hacer un reclamo judicial para liberar la traza "porque se trata de un apriete de un grupo de cuatro o cinco familias".
El secretario de Hábitat de la provincia, Gustavo Leone, se refirió al piquete que un grupo de vecinos de barrio Las Flores mantiene hace seis días sobre la autopista a Buenos Aires como "un planteo extorsivo y un apriete de un grupo de cuatro o cinco familias".
En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, Leone dijo que municipio y provincia habían realizado un censo de familias que estaba asentadas a la vera de la autopista y que debían ser reubicadas.
En ese sentido, dijo que la mayoría de esas familias, doce, habían aceptado las condiciones de traslado y tenían los problemas resueltos. "La semana pasada, otro grupo de cuatro o cinco comenzó a generar presiones y a oponerse al traslado de algunas familias. Así comenzaron a exigir que se los considerara a ellos también como parte de este proceso de relocalización.", agregó Leone.
"Hemos tenido reuniones con todas las familias que están en el marco del proceso de traslado, pero al ver que había un grupo minoritario que que ejercía presión, desde la intendencia, juntamente con la provincia, hemos planteado resolver esta cuestión por vía judicial. Hacer una presentación para que la Fiscalía habilite la feria y se disponga la liberación de la autopista, más allá de lo que se pueda ir discutiendo con estas familias, pero en otro marco ", agregó.
"Son cuatro familias que estén condicionando uno de los ingresos a la ciudad por un reclamo, que tiene poco asidero. Lo importante es que salga la orden de la Fiscalía para liberar la autopista y poder seguir discutiendo pero en el marco de un proceso más normal", añadió.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.