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Alejandro Gómez, condenado por "entregar" a tres trabajadoras de la Secretaría de Acción Social de San Lorenzo, a quienes le robaron $ 50.000, fundó en esa ciudad la sede del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA).
Jefatura de Policía San Lorenzo. Foto: Archivo Notiexpress
San Lorenzo.- El Sindicato Unico de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla) tiene oficialmente desde ayer su sede en San Lorenzo. Ocurre luego de que la misma sea avalada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Funciona bajo la órbita de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) oficialista que lidera el dirigente Hugo Yasky.
El objetivo que se plantean desde la agrupación, señaló Gómez en FM 93.5 de Puerto San Martín, es “regular servicios médicos y laborales para los presos”, aplicando “normas que no están siendo aplicadas por el Gobierno como se debe”.
“Yo estoy cumpliendo una condena y desde mi casa me interesé en la existencia de este gremio. Me contacté con la CTA y a partir de allí surgió la posibilidad de tener una comisión en la ciudad”, explicó Gómez, quien según mencionó en la nota radial purga una condena tras ser encontrado culpable de “entregar” a tres trabajadoras de la Secretaría de Acción Social de San Lorenzo, a quienes le robaron $ 50.000. Cabe destacar que Gómez también era empleado del municipio sanlorencino.
Con esta determinación del Gobierno provincial el SUTPLA tendrá capacidad de aplicación en toda la provincia. En San Lorenzo se conformará una comisión, a través de asamblea, con 11 integrantes y la misma está encabezada por el citado Gómez.
En la misma emisora también habló Rodrigo Díaz, porteño y secretario general del SUTPLA a nivel nacional. “Estuve 12 años preso y me cansé de que se sobrepasen los derechos de los detenidos”, dijo Díaz, quien explicó que “la búsqueda de derechos fue lo que hizo crecer al gremio, que ya tiene lugar en varios puntos del país”.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
