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Alejandro Gómez, condenado por "entregar" a tres trabajadoras de la Secretaría de Acción Social de San Lorenzo, a quienes le robaron $ 50.000, fundó en esa ciudad la sede del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA).
Jefatura de Policía San Lorenzo. Foto: Archivo Notiexpress
San Lorenzo.- El Sindicato Unico de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla) tiene oficialmente desde ayer su sede en San Lorenzo. Ocurre luego de que la misma sea avalada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Funciona bajo la órbita de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) oficialista que lidera el dirigente Hugo Yasky.
El objetivo que se plantean desde la agrupación, señaló Gómez en FM 93.5 de Puerto San Martín, es “regular servicios médicos y laborales para los presos”, aplicando “normas que no están siendo aplicadas por el Gobierno como se debe”.
“Yo estoy cumpliendo una condena y desde mi casa me interesé en la existencia de este gremio. Me contacté con la CTA y a partir de allí surgió la posibilidad de tener una comisión en la ciudad”, explicó Gómez, quien según mencionó en la nota radial purga una condena tras ser encontrado culpable de “entregar” a tres trabajadoras de la Secretaría de Acción Social de San Lorenzo, a quienes le robaron $ 50.000. Cabe destacar que Gómez también era empleado del municipio sanlorencino.
Con esta determinación del Gobierno provincial el SUTPLA tendrá capacidad de aplicación en toda la provincia. En San Lorenzo se conformará una comisión, a través de asamblea, con 11 integrantes y la misma está encabezada por el citado Gómez.
En la misma emisora también habló Rodrigo Díaz, porteño y secretario general del SUTPLA a nivel nacional. “Estuve 12 años preso y me cansé de que se sobrepasen los derechos de los detenidos”, dijo Díaz, quien explicó que “la búsqueda de derechos fue lo que hizo crecer al gremio, que ya tiene lugar en varios puntos del país”.
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“Estamos logrando que la Policía cuente con el equipamiento necesario para cumplir su función”, destacó la vicegobernadora Gisela Scaglia, que encabezó la entrega de 5 minibuses totalmente equipados a la PDI. La inversión superó los $753 millones.
El sindicato manifestó su solidaridad con los empleados de la planta de Firmat y cuestionó los dichos de la representante legal de la empresa hacia el secretario general de la seccional local, Diego Romero.
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