Representa un un aumento del 31 por ciento promedio sobre el total de la masa salarial y una suma fija no remunerativa de 1.200 pesos con los sueldos de febrero.
Los estatales santafesinos representados por ATE y UPCN aceptaron los porcentajes de aumento salarial propuesto por el estado provincial, pero en el caso del gremio que conduce Jorge Molina pidieron que que el pago se realice en dos cuotas -como los maestros- y no en tres, como propuso el gobierno.
“Esto implicaría que el aumento del cuatro por ciento anunciado se adelante a marzo, con lo cual ese mes se cobraría un 22 por ciento de aumento, y el resto en julio, como se anunció”, precisó Molina.
En el caso de ATE, Jorge Hoffmann, valoró la aceptación de la oferta de parte de los trabajadores, y advirtió que esta nueva política salarial “tendría que estar entre siete y ocho puntos por encima de la inflación estimada para este año, a fin de poder recuperar el poder adquisitivo perdido por los salarios” y adelantó que insistirán ante el gobierno provincial con el pedido para que se aplique la Ley de Defensa al Consumidor con inspecciones y para evitar los aumentos desmesurados e injustificados de precios.
La oferta de mejora salarial que formalizó el gobierno provincial a los gremios estatales la semana pasada consiste, esencialmente, en un aumento del 31 por ciento promedio sobre la masa salarial. Esa mejora impactará de manera diferencial en la escala de la administración pública, y de forma más significativa para las categorías iniciales, que llegarán a percibir una suba de casi un 35 por ciento.
Los empleados públicos también cobrarán con los sueldos de febrero una suma no remunerativa, fija y por única vez de 1.200 pesos.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.