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"El aumento, de hasta 22%, no se aplicará a quienes pagaron el total anual anticipado" informó el Gobierno de Santa Fe.
Una actualización del porcentaje del valor del Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, fue establecida para el segundo semestre, con incrementos de hasta el 22 por ciento.
Fue establecido a través del Decreto 1434/25, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía, Pablo Olivares, y publicado en el Boletín Oficial, a partir de la potestad que le da la Ley Tributaria 2025, que permite la revisión semestral de los tributos en función de indicadores macroeconómicos oficiales.
El impuesto Inmobiliario Urbano subirá un 22,16% entre las cuota 4.ª a 6.ª de este año, y el cálculo realizado para incrementar dicho porcentaje surgió a partir de un promedio entre el índice Ripte (de remuneraciones) y el Ìndice de Precios al Consumidor de Santa Fe, que realiza el Instituto Provincial de Estadística y Censos.
En tanto que el Inmobiliario Rural tendrá un incremento del 13,51% en las mismas cuotas 4.ª a 6.ª. El porcentaje se ajustó con base en el Ìndice de Productos Agropecuarios, correspondiente al Ìndice de Precios Internos al por Mayor (IPM) del Indec, acumulado entre octubre de 2024 y marzo de 2025.
En tanto que este incremento no afectará a los contribuyentes que hayan optado por el Pago Total Anual 2025, quienes ya cumplieron con su obligación impositiva bajo las condiciones vigentes al momento del pago.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
