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En un paso estratégico para combatir la venta minorista de drogas, el gobernador Maximiliano Pullaro presentó este viernes la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico. Esta nueva estructura, que funcionará bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA), tendrá alcance en toda la provincia de Santa Fe y coordinará de manera centralizada la persecución penal del narcomenudeo.
El acto se realizó en la sede de la nueva unidad y contó con la presencia de la fiscal general, María Cecilia Vranicich, y el fiscal jefe de la flamante dependencia, Diego Carbone.
Durante la presentación, Pullaro destacó que la creación de esta unidad no es un hecho aislado, sino parte de una planificación integral iniciada con la adhesión de la provincia a la Ley de Microtráfico (Ley N.º 14.239).
"A poco más de dos años de la implementación de la ley, inauguramos formalmente la primera unidad fiscal que depende directamente de la Fiscalía General y tiene competencia en toda la provincia. Esto es planificación, conducción y coherencia", subrayó el mandatario provincial.
Por su parte, el fiscal Diego Carbone explicó que el objetivo central es unificar criterios de investigación y golpear las estructuras de comercialización que generan violencia en los barrios.
En el marco del anuncio, se compartieron datos relevantes sobre el impacto de la ley desde su puesta en marcha:
99 búnkeres o puntos de venta han sido inactivados o derribados en toda la provincia.
350 condenas ya fueron dictadas bajo esta nueva competencia provincial.
2.000 imputaciones realizadas sobre un universo de 12.000 personas denunciadas.
La fiscal general Vranicich resaltó que la Unidad Especial permitirá dar una respuesta "más rápida y eficiente" a los vecinos. La centralización de la información ayudará a identificar no solo al vendedor minorista, sino también las redes de suministro y los focos de violencia asociados a la disputa territorial.
"Recuperar el orden nos está permitiendo volver a vivir con mayor tranquilidad. No vamos a dar un paso atrás", concluyó Pullaro, reafirmando que el control de las cárceles y la presencia policial en calle son los pilares que complementan esta nueva herramienta judicial.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
